Las guerras no se detienen ni cesan, cuando hay graves afectaciones contra la ciudadanía y contra el mismo desarrollo de los países, que por ende, es la solución a los problemas que afectan a las naciones.
Los colombianos no saben a ciencia cierta, cuál es la decisión presidencial referente a la exportación de carbón; lo que sí saben es que sus intereses no deben ser afectados por una guerra que no sucede, gracias a Dios, en territorio colombiano. Y lo que es inexplicable más aún, por qué afectar la comercialización del mineral, como si con ello fuese a parar la invasión de la guerra de Israel y Palestina.
Aquí la pregunta del millón, es porque el presidente Petro no suspende las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas con Palestina, y por qué sí quiere afectar al empresariado colombiano con la decisión tomada con el carbón. Si el quiere ser justo, en el marco de la paz que el enarbola, debe permanecer neutral, y si no puede o no quiere hacerlo, debe no mostrar su balanza desequilibrada, que está afectando al pueblo colombiano.
El sector empresarial colombiano manifestó su preocupación por la decisión del Gobierno de prohibir las exportaciones de carbón a Israel hasta que cese, según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, "el genocidio" que comete ese país contra Palestina.
Vale la pena recordar que el país cuenta con un Tratado de Libre Comercio, TLC, vigente con Israel, que es nada más ni nada menos que un tratado internacional ratificado por los congresos de los dos países. Ahora bien, ¿quién pierde cuando deja de vender un producto que es un 'commodity'? ¿El comprador o el vendedor? Además, por no mencionar el derecho que se viola a los exportadores colombianos al no permitirle ejercer su actividad empresarial
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el borrador de un decreto que señala que "se prohíben las exportaciones al Estado de Israel de las hullas y briquetas, carbón," según decisión tomada porque el Gobierno considera que las operaciones militares en contra del pueblo palestino representan una transgresión a una norma imperativa del derecho internacional, que a su vez, hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano.
En ese sentido, hay que volver a recordarle al presidente Petro que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, el carbón es el principal producto de exportación de Colombia a Israel; entre enero y agosto del 2023, Colombia exportó a Israel 375 millones de dólares, con una concentración considerable en carbón. De ese total exportado, los productos minero-energéticos, ME, a este país equivalen al 93 %. Dicho bien es usado como suministro energético y recurso estratégico para la fabricación de armas, la movilización de tropas, la fabricación de provisiones para operaciones de uso militar.
Petro se ha mostrado como un ferviente defensor de la causa palestina y ha sido muy crítico con Israel, que es un tradicional proveedor de armas, equipos militares, aparatos de medicina, maquinaria, sistemas de seguridad y productos químicos para Colombia, que a su vez le exporta principalmente carbón, café, flores y confites.
El proyecto de decreto por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel, es violatorio de la Constitución Política y el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual estaría cruzando estas líneas rojas, debido a los argumentos expuestos y en concordancia con las consideraciones del proyecto de ley que propone la prohibición de exportaciones a Israel, se concluye que dicha medida no se ajusta al mandato constitucional ni se fundamenta en una razón de política comercial.
La propuesta del Gobierno se basa en una medida de carácter moral que no está contemplada en la legislación colombiana para asuntos de aduanas y comercio exterior. El proyecto no se ajusta a lo previsto en la norma y, además, dicha disposición sólo aplicaría en el caso de las importaciones más no se encuentra prevista para el campo de las exportaciones. Igualmente, esto es violatorio del TLC que se tiene suscrito entre ambos países.
Sin duda esta decisión traerá repercusiones a la economía del país, incrementando la incertidumbre jurídica sobre el cumplimiento de acuerdos comerciales vigentes, lo que podría minar la confianza inversionista en el país, que al parecer poco le importa al presidente Petro.