Las policías española y colombiana desarticularon una organización criminal de origen colombiano dedicada al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, en una operación conjunta en dos localidades españolas en la que fueron detenidas 18 personas y liberadas otras tantas víctimas.
Las mujeres eran captadas en Colombia con la falsa promesa de una vida mejor en España, para lo cual la red les pagaba el avión y la tramitación de todos los documentos que suponían una deuda de 3.400 euros. La organización criminal les retiraba la documentación personal a las victimas hasta que quedara saldada la deuda.
Según explican en sendos comunicados los dos cuerpos policiales, una vez en España las mujeres eran trasladadas directamente a un club de Lanzarote (en las islas Canarias españolas) o recogidas en el aeropuerto de Madrid a través de un servicio de vehículo compartido que las conducía a la provincia de Badajoz (oeste de España), donde la organización disponía de una casa, con el fin de ser sometidas al ejercicio de la prostitución.
Los explotadores también acostumbraban a intercambiar las mujeres entre los diferentes locales y pisos de los que disponían en Badajoz y la isla de Lanzarote.
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Durante la investigación se obtuvieron distintas declaraciones de víctimas quienes manifestaron que tenían la obligación de estar disponibles las 24 horas del día, disponiendo de una o dos horas máximas libres, siendo penalizadas económicamente si no lo cumplían.
Además, eran obligadas a pedir a los clientes que las invitaran a las consumiciones y a ofrecerles sustancias estupefacientes y medicamentos, estando permanentemente vigiladas por cámaras de seguridad ubicadas en las zonas comunes donde se grababa todo lo que ocurría en la vivienda.
Se llevaron a cabo seis entradas y registros y se intervinieron más de 30.000 euros en efectivo, 32 dosis de sustancia estupefaciente (cocaína), más de 130 pastillas para la disfunción eréctil, seis teléfonos móviles, así como diversa documentación y material informático relacionada con la investigación.
La operación culminó con la liberación de 18 víctimas de explotación sexual y con la detención de 18 personas, de los cuales seis ya ingresaron en prisión, a los que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, tráfico de estupefacientes, distribución de medicamentos, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delito contra el derecho de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.