De acuerdo con lo explicado por la gerente del organismo social, ellos están exentos del tributo, pero la Dian pasó factura de cobro a la institución de asistencia social.
En serios aprietos se encuentra en la actualidad el Banco de Alimentos de La Guajira, luego de que fuera notificado por parte de la Dian de una millonaria deuda que supuestamente ha contraído y que corresponden al impuesto al consumo que en criterio del ente de control, debe pagar esa institución que pertenece a la Curia Diocesana de este departamento porque ellos no consideran que se trata de asistencia social de la iglesia católica y un buen número de donantes o cooperantes, sino de una transacción comercial.
Rebeca Badillo Jiménez, quien funge como gerente del Banco de alimentos en la península, dijo que se trata de una interpretación no acertada de los funcionarios de la Dian, debido a que ellos no están vendiendo, sino entregando una asistencia social con los miles de kilogramos de alimentos que a diario ponen en las manos de los guajiros, principalmente indígenas y afrodescendientes que se encuentran en condición de vulnerabilidad económica y social.
Rebeca Badillo Jiménez
Badillo Jiménez, indicó que inicialmente le están haciendo un cobro de una cifra superior a 300 millones de pesos, pero si se aplica integralidad al cobro poniendo en la mesa los cinco años que llevan beneficiando a los que muy poco tienen, entonces la deuda sería del orden de 800 millones y allí sería el final de esta obra social, pues tendrían necesariamente que cerrar sus puertas dejando en peores condiciones ano menos de 60.000 personas que se benefician cada año con la ayuda que se entrega por la Diócesis a través del Banco de Alimentos. “Nos daría una profunda tristeza porque la ayuda que se está dando a las comunidades es casi integral y si pagáramos una cifra de esa envergadura, no tendríamos dinero, ni activos para soportar el impacto económico”, dijo la gerente.
Rebeca Badillo, dijo que tiene cinco años al frente del Banco de Alimentos, “Desde cuando se produjo su creación y nunca habían estado con tanta tensión como ahora, porque lo que está en riesgo, no es el cierre de una institución religiosa, sino el bienestar que con nuestra ayuda le damos a miles de personas que pertenecen a diferentes sectores sociales y etnias”.
Un costo grande por asesoría jurídica
Los ejecutivos del Banco de Alimentos de la Guajira y los funcionarios de la Diócesis debieron recurrir a los servicios de un abogado con amplia experiencia en materia tributaria y los costos también son elevados y según la gerente, perfectamente hubieran sido tomados para llevar soluciones a las comunidades, pero para no desaparecer por el cobro que viene haciendo Dian, debieron contratar un experto en la materia, señala.
El recibir alimentos para entregarlos o venderlos a muy bajos precios, sería ahora un dolor de cabeza para la Diócesis.
“Ahora estamos a la espera de que se produzca una reconsideración de la medida anunciada por la Dian y eso se debe hacer antes de que concluya el presente año, para poder trabajar sobre los proyectos que suman 93 y los que faltan para ser implementados en esta parte de La Guajira, donde se están atendiendo más de 22.000 familias en los municipios de Maicao, Manaure y Riohacha”, dijo la ejecutiva Rebeca Badillo Jiménez.
La funcionaria explicó que toda gira a una interpretación errada que los funcionarios de la Dian han hecho de un artículo del Estatuto Tributario, donde se exonera de pago a las instituciones de la iglesia católica, pero la Dian sostiene que el Banco de Alimentos no es una parroquia y por eso debe tributar porque estaría por fuera de las excepciones. La decisión final que los trabajadores del Banco de alimentos esperan les sea favorable, se puede producir en lo que resta del mes que acaba de comenzar.