La decisión de la Corte Constitucional, declarando inexequible el artículo 19 de la reforma tributaria, ha desencadenado una serie de reflexiones y acciones por parte del gobierno.
El presidente Petro ha expresado su preocupación respecto a dicha decisión, que le ha dejado un hueco en el presupuesto de 6,5 billones de pesos. Razón por la cual ha sugerido la necesaria reducción del presupuesto y la advertencia de un "suicidio económico" si se permiten aumentos salariales en el sector público. Pero, ¿esta es la solución real?
La situación no puede continuar así. Es hora de que exijamos transparencia y equidad en la distribución de los recursos públicos. Si se necesita recortar el presupuesto, que sea de manera proporcional y justa en todos los sectores, comenzando por los que han gozado de beneficios excesivos todo el tiempo.
En todo caso, el ministro de Hacienda ha expresado que los salarios del Estado subirán con un valor "diferencial". Sin embargo, ¿qué tan justa es esta diferenciación y quiénes serán los más afectados? Sin duda que serán la gran mayoría de servidores públicos que día a día trabajan incansablemente para el bienestar de nuestro país.
Pero es hora de enfrentar esta desigualdad salarial de manera decidida y propongo una solución radical pero necesaria: convocar a una Asamblea Constituyente con el fin exclusivo de revisar y redefinir la estructura salarial del sector público.
La premisa es simple pero poderosa: ninguna persona vinculada a la planta de personal del Estado, en todos sus órdenes y niveles, puede devengar por todo concepto una suma superior a la que devenga el presidente de la república. ¿Por qué razón esta propuesta? Es elemental: en el Estado, nadie tiene mayores responsabilidades que el presidente.
Asumiendo que la máxima autoridad es quien debe recibir la remuneración más alta, se estaría estableciendo un criterio justo y equitativo. Este enfoque elimina la disparidad actual y garantiza que los salarios reflejen adecuadamente las jerarquías y responsabilidades dentro del servicio público.
Están fuera de todo límite los altísimos salarios que devengan congresistas, magistrados de las cortes, fiscales, contralor, procurador, directores de entidades descentralizadas como Ecopetrol y Colpensiones, Comisionados de regulación, Director de Agencia, entre otros. ¿Por qué es escandaloso que más del 90 por ciento de los servidores públicos no reciban una remuneración proporcional a su arduo trabajo?
La respuesta está en la inequidad salarial de nuestro sistema, porque mientras algunos disfrutan de salarios desorbitados, la gran mayoría de los servidores públicos apenas llega a fin de mes.
No podemos conformarnos con medidas superficiales que solo perpetúan la brecha entre unos pocos privilegiados y la gran mayoría que trabaja incansablemente para construir un mejor futuro para todos.
Esta Asamblea Constituyente no solo debe abordar los salarios, sino que también debe revisar y reformar los beneficios y privilegios que disfrutan algunos funcionarios del Estado: vehículos lujosos, teléfonos celulares, escoltas y viáticos permanentes que deben ser examinados con detención.
Pero, ¿por qué una Asamblea Constituyente y no confiar en el trámite del Congreso? La razón es clara: el Congreso, históricamente, ha mostrado resistencia y falta de voluntad para abordar reformas estructurales que impacten sus privilegios. Y en tal sentido, la modificación de la Constitución para establecer una nueva estructura salarial no es una discusión que se llevará a cabo con éxito en el Congreso de la República, porque está demostrado con las discusiones de su propio salario.
Incluso, si por alguna extraordinaria razón el Congreso mostrara voluntad de abordar esta reforma, se corre el riesgo de que la Corte Constitucional declare su inexequibilidad, ya que una reducción significativa en los salarios de los legisladores y demás altos funcionarios podría considerarse un conflicto de intereses. Así que, sacar esta discusión del Congreso y llevarla a una Asamblea Constituyente se convierte en una necesidad imperante.
El presidente Petro tiene la oportunidad de liderar un cambio histórico, demostrando que está comprometido con la construcción de un Estado más justo, equitativo y austero, reduciendo los privilegios innecesarios y, sobre todo, estableciendo una estructura salarial que refleje los principios de igualdad y responsabilidad.
Es el momento de la acción, de la participación ciudadana activa para impulsar un cambio real.
Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí..."