Desde la posesión del presidente Petro la promesa de cambio se ha visto menguada por la incompetencia de la mayoría de sus ministros, el recrudecimiento de masacres y la continua pérdida de control territorial por el estado, bien menguado que se hallaba desde la firma del acuerdo de paz con las Farc. Quizás ello explique que el presidente se haya concentrado en la ejecución de una estrategia más poderosa, que le permita debilitar las instituciones y actores del régimen vigente y sustituirlos por los pilares que ambiciona para el advenimiento de un nuevo régimen redentor, que ponga fin a las distorsiones e inequidades de una sociedad capitalista, caracterizada como oprobiosa y decadente.
Inició su periplo con la cooptación del Congreso, obtenido con el uso indiscriminado de todos los favorecimientos que determinaron el declive de ese poder esencial de la democracia, para contar con su obsecuencia, que tanto había combatido en Cámara y Senado. Prosiguió, casi simultáneamente, con la decapitación de los mandos de la Fuerza Pública que desarticuló a las fuerzas militares y de policía y las sometió al progresivo fenecimiento de su espíritu y de sus doctrinas de seguridad nacional y convivencia ciudadana, favoreciendo el temeroso acogimiento a las nuevas concepciones impregnadas de una mal disimulada venganza por las derrotas infligidas en pasado reciente.
Se entrometió en el sector privado, con ademán autocrático, para remover directivas e incorporando en esas responsabilidades a personas que compartan sus designios o se sometan a obedecerlos, en ejercicio de esa creencia arbitraria y desueta pero acendrada en la izquierda, de que el sector privado apunta siempre a la consolidación de un capitalismo culpable de la pobreza y exclusión de las masas olvidadas. Camacol, la Federación Nacional de Cafeteros y el Consejo Gremial se convirtieron en sus primeras presas, a las que seguramente adicionará otras, si no se le hace entender (¿vana esperanza?) la importancia de los gremios en la consecución de economías y sociedades prosperas incluyentes y democráticas.
El último eslabón de esa estrategia de subyugación pretende violentar la separación de poderes y afectar la independencia y autonomía de la Rama Judicial del Poder Público, que no pueden ser intervenidas por otro poder, ni sus decisiones interferidas o desacatadas cuando se han expedido con apego a los mandatos y procedimientos de ley.
Designar a los jóvenes de la llamada primera línea voceros o gestores de paz, imputados y condenados por delitos de extrema gravedad, para decretar su libertad fundado en el supuesto de que pertenecen a organizaciones sociales humanitarias, constituye abierta usurpación de competencias de la Justicia y una violación inaceptable de la independencia y autonomía de la Rama Judicial y, por lo tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo han expresado los altos dignatarios de las Cortes, la Procuradora, el Fiscal y hasta congresistas del partido liberal y otros conmilitones tan asiduos en aprobar toda decisión presidencial. Habrá francachela para los delincuentes redimidos.
Ninguno recuerda a las víctimas desamparadas en su dolor, ni se percata de que usurpar competencia para liberar, autoriza también al usurpador para encarcelar.