El control social es la facultad de que disponen los ciudadanos a efectos de vigilar la gestión de los servidores públicos, y de los particulares que se encuentren ejerciendo la función pública. La idea se sintetiza en impedir la ocurrencia de eventuales actos de corrupción por parte de funcionarios, y que éstos eviten también incurrir en posibles errores que logren afectar potencialmente el desarrollo de la nación.
El control y la vigilancia de la ciudadanía se ejercen a través de un modelo de Estado Democrático, que permite construir un nexo directo entre ésta y los servidores públicos que ostentan la administración del erario. Por ende, la obligación del funcionario público es de plena rendición de cuentas a la ciudadanía ya que, a través de esta es que encontramos los elementos de juicio necesarios para determinar si existe malversación en los recursos, o acaso alguna irregularidad que pudiera poner en riesgo a las finanzas estatales.
De tal suerte que las veedurías comportan una finalidad preventiva, en tanto pretenden regular el actuar de los servidores públicos. Dicho actuar debe basarse en los principios de transparencia y moralidad, para cualquier actividad pública, pues aquella es la garantía que tenemos los ciudadanos colombianos de que nuestras autoridades administrativas estén obrando de manera adecuada, alejados de cualquier acto de corrupción o politiquería. Así, les exigimos a los dirigentes públicos estricto cumplimiento en sus deberes y obligaciones.
La vigilancia ciudadana es trascendental, habida cuenta de que se constituye como un foco de desarrollo. Dicho ejercicio democrático deviene en vital para que nuestros recursos sean utilizados de manera idónea. No obstante, es menester tener en cuenta que, a criterio de llevar a cabo dicho control social y vigilancia, corresponde contar con una abundante preparación e información por parte del ciudadano, en la medida en que, si no se tiene conocimiento e interés por lo público, difícilmente podremos efectuar una labor efectiva tendiente a limitar los abusos y arbitrariedades en que incurrieren las autoridades.
El tema presente comporta un aspecto necesario dentro de la construcción de una cultura política crítica y propositiva, conforme no es factible imaginar el cumplimiento de aquella función de vigilancia por parte de la ciudadanía cuando, de manera previa, existiere apatía de la población frente a la res pública. El ejercicio de lo público es un aspecto sagrado en cualquier democracia, y, por ello, es necesario que todos estemos involucrados en el mismo, puesto que de dicha actividad dependerá nuestro desarrollo como conglomerado social.
Los ciudadanos hemos de proponer, preventivamente, una campaña de cultura política y ciudadana que logre concientizar a todos los ciudadanos ante la fenomenal importancia de estar involucrados en los asuntos públicos.
A posteriori, y luego de realizar dicha labor, habremos de comenzar con las funciones de veedurías y control social. Si generamos cultura política, se reducirá -en forma proporcional- el componente de dirigentes corruptos que se apropian de nuestros recursos, respaldados aquéllos en la indiferencia ciudadana. La clave, nuevamente, remite a la participación activa de la ciudadanía. Si así no lo hiciere ésta, la corrupción continuará pelechando en estas tierras fértiles.
Adenda: Con absoluta responsabilidad ejerzan este domingo 13 de marzo su derecho al voto. La cita no es con algún candidato en particular, sino con el sistema más perfecto de los imperfectos: la democracia.