El país está sumergido en una decepción histórica de lo que tiene que ver con la justicia.
El colombiano común y corriente, el de todos los días, el de lavar y planchar, percibe que no hay justicia, porque no es posible acudir a un juez pidiendo justicia y al mismo tiempo obtenerla. La idea de que la justicia es igual para todos no entra en la memoria de los colombianos.
Según información publicada por un diario capitalino, en el año 2019, el último año de condiciones normales al no tener pandemia, de cada 100 delitos que se cometieron, 94 quedaron impunes. Es decir, de cada cien delitos, ¡en Colombia solo se castigaron 6!
El Sistema Judicial colombiano cada día pierde credibilidad por la falta de justicia. La encuesta Invamer-Gallup de diciembre pasado registró que la justicia tiene un 78% de desfavorabilidad y solo un 17% de favorabilidad.
Esto hace que se perciba un Sistema Judicial como ilegitimo, que no hace justicia, corrompido hasta los huesos; degenerando en que los colombianos cada vez más deciden tomar la justicia por su propia cuenta, pues no siente que la justicia le vaya a acompañar.
Que la justicia es pa´ los de ruana no es una frase de ciencia ficción, es la realidad de nuestro país, que la justicia es para el rico porque puede pagar para que le sea favorable y no para la clase media ni el pobre porque sus “costos” son muy altos, y los sobornos exigidos están a la orden del día. La prueba son los hechos: el colombiano esta desprotegido, solo, abandonado.
El escándalo judicial del “cartel de la toga” tiene a unos magistrados de las altas cortes tras las rejas y otros huyendo en el exterior. Nada puede ser más vergonzoso para un país que sus magistrados estén huyendo por corruptos.
Aunque solo se habla de los privilegios de los congresistas, los magistrados de las altas cortes están en el mismo nivel, con estratosféricos salarios, costosos escoltas, carros de alta gama y otras gabelas, nos habla de lo lejos que están de la vida real. Viven en otro mundo y totalmente de espaldas a lo que ocurre en el país.
El “principio de oportunidad” se convirtió en una elección a dedo que hace la Fiscalía: si caes bien te lo otorgan y si no caes bien te quedas fuera; convertido en fábrica de impunidad por entregar una pequeña delación a cambio de casa por cárcel y una pena de pocos años, sin devolver lo robado.
La “casa por cárcel” comprada por millonarios y políticos corruptos, cuyas sentencias son también irrisorias, mientras un ciudadano con hambre va al calabozo porque robó comida en un supermercado para comer.
Los patios de algunas cárceles, donde conseguir una celda para que no lo maten puede llegar a salir por decenas de millones al mes, y el preso puede hacer fiestas, llevar prostitutas, tener teléfonos celulares a la mano.
Y, por si fuera poco, las cárceles llenas de presos sin una sentencia oportuna, ocupando un espacio innecesario, lo cual también ha degenerado en un hacinamiento desmedido.
Veo mucho político hablando de seguridad, salud, educación, medio ambiente, reactivación económica… y está bien que se preocupen por esos temas. Pero nada de eso sirve si la justicia brilla por su ausencia o por su ineficiencia.
Porque también debemos entender como justicia lo relacionado con la justicia económica, justicia alimentaria, justicia en términos de oportunidades, justicia en términos ciudadanos.
Es injusto que haya colombianos buscando su alimento en basureros como sucede en Riohacha.
Es injusto que sigan muriendo niños indígenas por inanición, como ha vuelto a pasar por enésima vez con un niño wayuu en Maicao.
Es injusto decir en un comunicado que “no sabía lo que estaba ocurriendo” cuando se descubre un funcionario público que aprovecha la condición para enriquecerse obteniendo contratos a través de terceros.
¡#ColombiaMereceJusticia! y no podemos seguir de brazos cruzados ante los actos de injusticia. ¿Si no luchamos nosotros por la justicia entonces quién nos va a salvar?