En pasados meses podría decirse que 40 días consecutivos de protesta generaron 3.200 bloqueos en las carreteras del país, que según datos del Andi, el paro nacional generó una pérdida de 13 ó 14 billones de pesos es decir unos 3.500 millones de dólares americanos, mientras que la pandemia forjó a las empresas pérdidas por 64 billones de pesos suma equivalente a 17.300 millones de dólares.
Según los datos de la Andi las huelgas recién pasadas superaron los estragos de la pandemia en más de ochocientas veces, lo que obligó al gobierno tomar medidas urgentes de las cuales pende la tranquilidad de la economía nacional y el porvenir de la nación.
El lema del presidente Duque en su campaña presidencial le anunciaba al país que: “El que la hace la paga,” sin embargo, a pesar que estas huelgas colapsaron la economía nacional, nadie es culpable de tan horrendo desmayo que ha sufrido el patrimonio nacional.
Para no volver a vivir experiencias de tan gigantes y lesiva magnitud, el Congreso de la República, preocupado por el daño de las huelgas y el trastorno económico que sufre la nación, aprobó el proyecto de ley presentado por el representante Juan Manuel Daza Iguarán, proyecto que va enfocado principalmente en garantizar el derecho a la legitima defensa del ciudadano a través de modificaciones del Código Penal.
Es deber del Estado proteger la honra, bienes y vida del ciudadano, de manera que este proyecto haciendo caso a los deberes estatales y buscando la tranquilidad de la nación, se ha comprometido en crear la seguridad ciudadana.
“De igual manera, con el fin de combatir la impunidad y que no se sigan presentando casos en los que la policía captura delincuentes y luego son dejados en libertad, se creará la figura del "peligro para la comunidad", a través de la cual el juez deberá tener en cuenta "si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años".
Entretanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, aclaró que el proyecto no da permiso para disparar a la ciudadanía o asesinar personas, pues lo que busca es poder establecer ese argumento de legítima defensa en el momento en que haya un proceso judicial, en el entendido de que la otra persona tenía la intención de robar, atracar, de asesinar. "La Cámara de Representantes le da un apoyo fundamental a la ley de seguridad ciudadana, una ley hecha para el ciudadano de a pie, que acaba con la reincidencia y la impunidad de los criminales que roban, extorsionan y vandalizar. Esta ley garantiza que “el que la hace, la paga"
Gobierno Nacional que busca fortalecer la seguridad ciudadana y los instrumentos jurídicos y recursos económicos con los que deben contar las autoridades para contrarrestar la delincuencia en las ciudades.
Como en el derecho penal las leyes o normas se crean con el fin de simplificar los delitos, pueda ser que este proyecto que ya se encuentra para sanción presidencial, facilite que las huelgas pacíficas logren mejor resultados que las que causan inestabilidad al país.