Congresistas y Gobierno, han presentados propuestas de soluciones a este grave problema que afronta el sector dados los altos costos, baja calidad y suministro en cantidad suficiente, falta de competencia industrial/comercial, la tasa de cambio; todas llenas de buena intención.
Se debe tener claro que la mayoría de las materias primas para la transformación de insumos deben importarse para transformación en el país, ello hace que los costos dependan en gran medida de las variaciones del dólar y disponibilidad de estas en los mercados, sobre el particular, China, gran parte de su producción la exporta, hoy por políticas de Seguridad Alimentaria los volúmenes se han disminuido generando alzas en precios, igual los fletes marítimos; ocurre con la gran mayoría de insumos de consumo general y especializados, en algunos casos cuestan hasta cuatro veces más que hace un año; los pocos comercializadores, transformadores y fabricantes bajo esta sombrilla están en operación de especulación en los mercados afectando gravemente la canasta de costos de producción agropecuaria.
Las soluciones pasan por la regulación con libertad de precios vigilada, con altas penas pecuniarias por la violación de los topes máximos a cobrar por actores industriales/comercializadores de la cadena de producción de insumos, a cargo de una división especializada en la Superintendencia de Industria y Comercio, con procedimientos administrativos expeditos, que logren el control de manera inmediata de la irregularidad, la gran mayoría de cultivo son de ciclo corto, las afectaciones necesitan ser corregidas inmediatamente, igual con las distorsiones que se generen en insumos pecuarios.
Jamás hoy podemos pensar en un control de precios a los productos acompañado con una garantía de tasa de utilidad mínima, sería un gravísimo error que conduce a la reburocratización a través de una mega empresa que cumpla con las funciones de compra, acopio, transformación y comercialización, fuente de corrupción en el Estado a través del Liquidado Idema.
La participación del Estado no puede quedarse solamente allí, es necesario fijar políticas de incentivos a productores rurales a corto plazo en insumos, para obtener acceso a ellos se deben fijar metas mínimas de producción y calidad, acompañado de subsidios para igualarnos o acercar los costos de producción a la media internacional con países que competimos donde la administración pública desde la garantía de Seguridad Alimentaria brinda apoyos directos a Empresarios del Campo.
Las mesas de concertación son una excelente iniciativa, de allí pueden salir acuerdos que beneficien a actores de las cadenas de insumos y agropecuaria, pero es imperioso darle dientes sancionatorios a su violación.
Entre nosotros hay modelos a seguir, el control de precios de medicamentos esenciales puesto en marcha por este gobierno, es un claro ejemplo de lo que se puede hacer de manera efectiva.
La apertura del mercado nacional a operadores comerciales es una necesidad urgente, la autorización de parte de las entidades encargadas rompería de manera definitiva los oligopsonios del mercado de insumos agropecuario, permitiendo la entrada de jugadores nuevos a operar nuestro mercado en beneficio de los Empresarios del Campo, Estado y Nación, mediante el suministro de productos agropecuarios a mejores costos, calidad y suministro constante.
Urgen campañas académicas prácticas de producción y utilización de BioInsumos y BioFertilizantes que garanticen la sostenibilidad ambiental de la producción agropecuaria, junto a sellos de garantía avalados por las entidades de prestigio se lograría llegar la producción rural a mercados de consumo especializados a mejores precios.
Soluciones hay para esta problemática que aqueja a quienes creemos y vemos grandes oportunidades de desarrollo socioeconómico en la producción rural, ojalá en este nuevo periodo legislativo de cierre presidencial se logren las regulaciones que la población espera para la solución definitiva de estas irregularidades.