Todo el movimiento que está afectando el normal desarrollo socioeconómico y político de nuestro país, en virtud del texto constitucional, artículo 37 que indica: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
Esto es lo que algunos llaman alegremente “derecho a la protesta”. Sin embargo, sabemos que por defender ese “derecho” estamos omitiendo el cumplimiento de otros derechos igualmente importantes para los ciudadanos.
Dice el refrán que después de la tempestad viene la calma, o como sabiamente reza el Antiguo Testamento: “después vendrá el crujir de dientes” lo cual generalmente representa furia, ira u odio o mejor como expresa el refranero popular: “después viene la reculada del ovejo”.
También es cierto que en las redes sociales se dicen y se muestran muchas cosas que hacen pensar lo bueno o lo malo de la realidad nacional; tanto que muchos colombianos han calificado a las redes sociales como tipificadoras de la libertad social, debido a que esa nueva tecnología ha cubierto y sobrepasado a los medios de comunicación formales en su función de informar, de tal manera que marcan el derrotero de las marchas programadas y de las respuestas sociopolíticas y de contención policiva.
Tal parece que hubiera una especie de subrogación de la libertad ciudadana, como si estas estructuras formadas en internet representan en la imagen del país, ya que las manifestaciones conocidas desde el extranjero, dan a conocer que aquella mirada patética de nuestro país la han advertido desde las redes sociales.
De ninguna manera debemos soslayar que las organizaciones y grupos de ciudadanos organizadores del paro, presentaron al Gobierno Nacional un pliego de 104 puntos; algunos de los cuales no son de competencia de éste por lo que sus funcionarios autorizados para la negociación no les es permitido discutirlos. Tampoco se debe pasar por alto que entre los promotores del paro puede haber representantes de gremios que no conocen el funcionamiento del Estado, lo que los vuelve vulnerables en el proceso de la negociación.