En un insólito y tardío pronunciamiento de un connotado “grupo de ciudadanos con trayectoria profesional en los sectores público, privado y académico”, a través de un comunicado post morten, le dan un inesperado e inane espaldarazo a la reforma de marras. Y la razón esgrimida por ellos para apoyar tan abominable como abominado esperpento es que “no es posible estar de acuerdo, al mismo tiempo, con el ingreso mínimo garantizado y los demás gastos sociales que se necesitan y oponerse a una reforma tributaria de la magnitud y alcance como la que propone el gobierno. Si no hay reforma, no va a ser posible obtener siquiera el ingreso solidario y tampoco habrá plata para financiar otros programas sociales”.
Lo hemos dicho y lo repetimos, no cabe duda sobre la necesidad de extender y tornar permanente, como lo ha propuesto el Gobierno, el “ingreso mínimo garantizado”, así como “los demás gastos sociales” en que ha venido incurriendo el Gobierno nacional. Pero, de ello no se sigue que la fuente de su financiación recaiga sobre la clase media, manteniendo los beneficios tributarios para los más pudientes, que era lo que pretendía el proyecto de marras.
Al contrario de lo que pretendía la fallida reforma, ahora el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en este segundo tiempo, admite que hay un consenso según el cual “cualquier decisión que se tome no puede tocar a la población vulnerable ni a la clase media…hay que buscar ese mecanismo de solidaridad de que los que más tengan contribuyan con los que menos tienen”. Definitivamente, este “grupo de ciudadanos” resultó ser más papista que el Papa.
A todas esas, cabe preguntarse qué espera el Gobierno nacional para presentarle al Congreso de la República y al país su proyecto de reforma 2.0, después que el ministro Restrepo le anunció al país que “hay unos puntos de consenso. Uno es el tema de gasto social enfocado en los más vulnerables y la necesidad de una ley que apoye ese gasto y que encuentre fuentes de financiación que garantice la estabilidad fiscal”.
El ministro Restrepo ha acotado el alcance del mismo. Según él, “la reforma debe aspirar a recoger anualmente un punto porcentual del PIB para fortalecer el saneamiento fiscal y medio punto porcentual para financiar la puesta en marcha de los programas sociales, que son los más apremiantes”. En plata blanca está hablando de “una reforma de unos $14 billones”, la mitad de lo que pretendía recaudar Carrasquilla.
Así las cosas, sigo sin entender el desdén con que el Gobierno ha recibido la oferta de la ANDI y de Fenalco – Acopi, que sumadas le significarían un mayor recaudo de $13.4 billones, casi a lo que aspira el ministro Restrepo. El mensaje del presidente de la Andi no ha podido ser más contundente: “En la reforma no toquen a nadie más, cóbrennos a nosotros”. ¡El Gobierno no puede seguir deshojando margaritas, cójanles la flota a los empresarios!