Los diferentes gobiernos nacionales de Colombia han hecho grandes esfuerzos para que los niños en nuestro país no se mueran de física hambre.
Primero porque se supone que ningún niño en una democracia sólida debe morir por este flagelo. Segundo, están protegidos por tratados internacionales, leyes, el bloque de constitucionalidad, nuestra constitución y por último, el ICBF se lleva gran parte de nuestro presupuesto nacional para hacer el trabajo de protegerlos.
Pero, aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció la semana pasada que “empleará inteligencia artificial en la selección de oferentes y contratistas de la entidad para blindar a la infancia de fugas de corrupción”, desde la Contraloría General de la República denuncian que desde que comenzó la pandemia “al menos 15.580 niños que figuran como muertos recibieron 28.018 raciones alimenticias del ICBF y que hay más de 2.000 millones de pesos de estos contratos embolados en 38 municipios de 14 departamentos”.
Para llegar a esto, la Contraloría General de la República cruzó datos entregados por el ICBF con la base de datos de la Registraduría Nacional y encontró que “los contratistas del Icbf le entregaron raciones de alimentos a menores de edad que en la misma base de datos estaban reportados como muertos pero cuyo documento estaba siendo suplantado por beneficiarios”.
Así las cosas, desde la dirección nacional del Icbf afirmó su directora Lina Arbeláez que “vamos a revisar con la Registraduría cuáles son los niños que aparecen con supuestas canastas entregadas, que han fallecido, lo que nos permitirá adelantar acciones administrativas y penales en contra de quienes hayan ejercido esta práctica”. Aseguró que “ningún operador puede atreverse a robarse los recursos destinados a proteger y garantizar el bienestar de la niñez. De encontrarse pruebas sobre esta presunta corrupción, interpondré las denuncias penales, y administrativas a las que haya lugar para resarcir los daños tanto al patrimonio como a la niñez colombiana".
Justamente, el Presidente de la República ordenó al Icbf denunciar ante la Fiscalía General de la Nación a los contratistas que manejen fraudulentamente los recursos para la alimentación de los niños: “es doloroso que se presenten ratas de alcantarilla que son esos contratistas que tratan de buscar artilugios para desviar recursos, por eso le doy instrucción muy clara al Icbf y al Ministerio de Educación Nacional que donde esté un contratista entregando información fraudulenta, nosotros mismos vamos a colocar las denuncias penales”. Afirmó.
Ahora bien, el domingo 26 de agosto de 2018 en Colombia se realizó la primera consulta popular anticorrupción en toda nuestra historia republicana, pero por la alta abstención electoral durante la jornada, no se alcanzó el umbral y por consiguiente no fue aprobada. Perdimos una gran oportunidad casi irrepetible y por eso hoy sufrimos todos las fatales consecuencias con el surgimiento de las ratas de alcantarilla.
Para concluir, cuando un niño colombiano muere por física hambre por acciones que pudimos evitar con la consulta anticorrupción y que no aprobamos por estar enfrascados en conflictos por la polarización política de izquierda y de derecha, siento que fracasamos como seres humanos.