La Salud es un derecho fundamental que debe ser respetado por las entidades públicas y privadas que están autorizadas para prestar el servicio y garantizar una atención integral a la ciudadanía, la realidad de hoy es ‘letra muerta’, el sistema cada día está colapsando con la complicidad de un poder regulatorio estatal que demuestra debilidad en afrontar la crisis
En el año de 1993, el país adopto un nuevo modelo, donde particulares entran a participar en la prestación del servicio, se crearon las Entidades Promotoras de Salud (EPS), son las encargadas de la afiliación, el registro de los afiliados al Sistema y el recaudo de los aportes que trabajadores y empleadores deben hacer por ley para acceder y con reformas que se han dado a la ley, estos entes afilian a la persona junto con su núcleo familiar que actualmente no se encuentra laborando de una manera formal. Es triste como a la sociedad colombiana la tienen sujeta a un sistema que enfoca a la salud en un negocio mas no en un derecho que es inalienable en el ciudadano, el usuario recurre a una tramitología tortuosa en la entrega de medicamentos, autorización de exámenes, citas a medicina general y a veces los especialistas no se encuentran disponibles en las mismas ciudades donde atienden los pacientes, también se observan salas de urgencias hacinadas y se llega hasta el colmo de esperar más de cuatros horas para que sea atendido un paciente que requiere una atención inmediata. Es verdaderamente un ‘viacrucis’ la forma como se atiende a un ciudadano de a pie en este país, pareciera que se estuviera mendigando y en realidad es un derecho que es universal y que los Agentes del Estado en su órbita funcional deben procurar con sus actuaciones la preservación y la protección, pero la situación es otra se percibe la ausencia estatal en los pasillos de las clínicas, los hospitales y los puestos de salud, ante un modelo fallido los Jueces de la Republica se han convertido en ‘médicos’, cuando la gente recurre por medio de la tutela solicitar un tratamiento digno a la enfermedad que padecen y un fallo judicial que ordena a las EPS a cumplir con lo pedido por el usuario, ya a estos fallos no le temen. Analistas expertos en el tema aseguran que según la Defensoría del Pueblo en 2018 se interpuso 207.734 tutelas (34 por ciento del total), una cada 2,5 minutos, para asegurar la prestación de un servicio de salud. Esto quiere decir que los usuarios todavía tienen que apelar a una acción judicial en busca de proteger sus derechos. La Intervención de algunas Eps, por malos manejos de sus recursos y enredadas en actos de deshonestidad pone en vilo a muchos usuarios que recibían la prestación del servicio de esas entidades y sus tratamientos médicos quedan interrumpidos hasta que los reubiquen a otra, la corrupción ‘creativa ‘ coadyuva también en ahondar más la crisis, hay ciudades, municipios donde se encuentran puestos de salud, hospitales en estado inconcluso y en total abandono, otros atienden sin entregar suministros de medicamentos esenciales para una urgencia por ejemplo no hay gasas, alcohol, el familiar del paciente tiene que salir a comprar en una farmacia cercana, es un dilema nuestro sistema, surge un interrogante ¿si al paciente lo vence la enfermedad o la negligencia del sistema? la reflexión que dejo en esta nota opinión es importante que se abra el debate de penalizar drásticamente quienes desvíen o malversen los recursos económicos de la salud, porque se está viendo que hay “sicarios con cuello blanco” que sin disparar una sola bala, están acabando con la humanidad.