La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sesionó en la Universidad del Norte de Barranquilla. Fue la quinta reunión realizada en Colombia, de las 30 que se han hecho por fuera de San José de Costa Rica, su sede permanente, como símbolo de escuchar a todas las víctimas por violación de Derechos Humanos. Es, además, un reconocimiento al nacimiento de la OEA en Bogotá en 1948.
El objetivo del pacto de San José es garantizar el multilateralismo y crear esta comisión para defender los Derechos Humanos con la frente en alto y generar conciencia colectiva.
Sus misiones estudian los casos más trascendentales para garantizar a todos los ciudadanos sus derechos individuales, la protección del medio ambiente y las cuencas hidrográficas, y los derechos sociales de las minorías. Latinoamérica debe estar orgullosa porque desde mediados del siglo XX se crearon los instrumentos para la protección de los Derechos Humanos para todos, especialmente minorías, desvalidos, y erradicar la violencia contra la mujer. Así se ha consolidado en América Latina un derecho constitucional moderno que garantiza el debido proceso, la salvaguarda de los derechos humanos, los estándares de su defensa, la libertad de pensamiento y se ha convertido en piedra angular de la democracia. Su objetivo principal es la defensa de todas las personas con vulnerabilidad: niños, niñas, indígenas, afrodescendientes, lgtbi, líderes sociales, ciudadanos con movilidad reducida, y los que viven en estado de pobreza. Los retos son gigantescos, es un desafío de todos, para que el conflicto armado le dé paso a la paz. El presidente de la Cidh, Eduardo Ferrer Mac Gregor, de México, demostró una amplia experiencia y conocimiento del tema, propuso 7 grandes desafíos. El primero, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El desarrollo económico debe tener como objetivo, acabarla. Otro reto es el respeto a la mujer. Hay una cultura machista que nos anesteció. Las cifras indican que el 47 % de las mujeres en América Latina han sido víctima de algún ataque sexual. El tercer reto es la crisis migratoria y los refugiados que con el conflicto de Venezuela se ha catapultado. El siguiente reto es el cambio climático y la gran vulnerabilidad de los ecosistemas latinoamericanos, especialmente la Amazonía que viene desapareciendo lo que causa un impacto gigantesco en el futuro del planeta. El quinto desafío es contra el crimen organizado. Las altas tasas de violencia en América Latina, fruto del tratamiento equivocado que se le hace al narcotráfico, han generado una escalada violenta sin antecedentes. El sexto tema es el autoritarismo y los derechos y las libertades. Finalmente, se propuso nuevamente estudiar la pena de muerte como una solución a la escalada de violencia, asunto que hasta el momento ha sido rechazado. En el caso específico de Colombia hay un debate y críticas sobre la drástica reducción de las penas por la Justicia Especial para la Paz (JEP), se insiste en revisar la proporcionalidad con respecto a las penas tradicionales de la justicia ordinaria. Así se evitaría la impunidad que conllevan estas sanciones mínimas para delitos abominables. Sin embargo, este principio de proporcionalidad es la base de la JEP para garantizar a las Farc un proceso de paz, lo que nos obliga a calmar el lenguaje de guerra permanente.