Once años se cumplieron esta semana de la Operación Jaque llevada a cabo por el Gobierno del presidente Uribe. La seguridad del país se recuperó entre el 2002 y el 2010. La tasa de homicidios se redujo en 35 puntos en Colombia.
Según las estadísticas del Ministerio de Defensa, los casos de extorsión pasaron del 2002 al 2008 de 13 mil casos a 31 mil casos entre 2010 y 2017. El hurto común tuvo más de 1 millón doscientos mil casos en el gobierno de Santos, mientras en el de Uribe fueron 600 mil. Incluso, las lesiones personales pasaron del gobierno Uribe de 300 mil casos, a terminar el gobierno de Santos con más de 600 mil. La seguridad debe volver en todos sus ámbitos.
Con las políticas de seguridad del actual Gobierno, a mediados de junio de este año se redujo en un 12% la extorsión bajando a 3.026 casos. El hurto al comercio también cayó en 28%, a residencias en 13% y automotores en 5%. Si la tendencia sigue, al finalizar este mandato presidencial alcanzaremos cifras mínimas en criminalidad en el país.
El fortalecimiento de nuestro de pie de fuerza es un propósito del gobierno Duque. Santos redujo el número de efectivos de fuerzas militares en 27 mil hombres. El actual Gobierno ya lo ha incrementado en un 3% alcanzando los 255.899 efectivos. La presencia de las fuerzas en las regiones es necesaria para la consolidación de la seguridad, más aún con la producción de coca y de minería ilegal que dejó el anterior gobierno.
Las fuerzas militares han logrado este año un incremento en un 32% en las neutralizaciones a miembros de Grupos Armados Organizados (GAO), un aumento de 50% de la incautación de marihuana y de un 58% en la destrucción de infraestructura de producción de coca.
La muerte de líderes sociales se da en las regiones dónde hay mayor presencia de negocios ilegales. En 2017, la coca alcanzó las 170 mil hectáreas cuando al terminar el gobierno Uribe eran 60 mil. La política de seguridad anti-drogas del gobierno Uribe incluyó todas las formas de erradicación. En el periodo 2002-2009 se erradicaron más de 1 millón cuatrocientas mil, durante el gobierno Santos el número se redujo en casi la mitad.
El actual Gobierno ha hecho lo posible para destruir las hectáreas sembradas. Este año se tiene pronosticado erradicar manualmente 80 mil hectáreas. Hasta mediados de junio, el Gobierno, ya iba por el 45% de la meta. Sin embargo, esta modalidad no es suficiente para erradicar todas las hectáreas.
La cooperación ciudadana en la búsqueda de la legalidad es importante. El gobierno del presidente Duque lanzó el programa de Red de Participación Cívica donde se ofrece recompensas para quienes colaboren con información sobre criminales. Una externalidad de este programa ha sido que el secuestro simple y extorsivo se ha reducido en más del 36%.
En 10 meses es imposible cambiar la tendencia de ocho años de malas políticas públicas; aun así, el modelo de seguridad implementado por el presidente Duque está dando sus primeros resultados: la criminalidad está disminuyendo.