Las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad…
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”, esto en la aplicación práctica no se da, y nos encontramos con un gran caos en una gran selva jurídica “del que yo diría, sálvese el que pueda, de igual manera como sucede en el Serengueti, en el que el más fuerte se alimenta del más débil, dándose diariamente la confrontación del fuerte con el frágil”, casos en lo que se crean leyes con propósitos particulares y con ambientación general, jurisprudencias creadas por las Altas Corte impuestas “con fuerza de ley”, las cuales son “casi” de obligado cumplimiento por todos los Jueces - recordemos que la jurisprudencia es un criterio auxiliar -, cambios bruscos de líneas jurisprudenciales - sin que por esto los magistrados prevariquen -, choque de trenes entre la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado - las tres están al mismo nivel jerárquico -, empleo de la Tutela para todo, causando un uso
sobredimensionado, encontrándose caso extremos de Tutela contra Tutela... Tutela contra sentencia, jueces fallando con soportes jurisprudenciales olvidándose de su soporte imperial “la ley”, Abogado con casos fallados en instancia única impetrando Tutelas como “Segunda instancia”, o exigiendo recursos de apelación, Jueces o magistrados fallando con decisiones judiciales que no se sustenten en la Ley sino en juicios sociales, morales o en el devenir de la opinión pública desautorizando las instituciones jurídicas y con ello abriendo paso a la incertidumbre, la desconfianza en el sistema jurídico y judicial, estimulando la temida y desproporcionada “ley por mano propia”. Entiendo que el Sistema Judicial no es perfecto, y problemas con los que día a día los usuarios del sistema, abogados y partes, tenemos que lidiar como la Falta de recursos en la Rama Judicial, la falta de jueces, la falta de fiscales, la falta de auxiliares de investigación, congestión en los despachos, deficiente unificación jurisprudencial, desnaturalización del sistema penal de oral acusatorio a oral aplazatorio… etc., asuntos todos de carácter operativo y administrativo más que de indebida aplicación del Derecho.
Dejo algunas inquietudes a fin de que sirvan de soportes al análisis del problema con el propósito de buscar las soluciones adecuadas y oportunas: ¿Por qué debemos cuestionar una decisión judicial bajo un criterio diferente al meramente legal? ¿No es acaso la Ley aquello a lo cual nos sometemos para la regulación de nuestras relaciones y comportamientos como sociedad? ¿Acaso la Ley no surge precisamente para evitar que como sociedad tengamos respuestas desproporcionadas ante diferentes situaciones? ¿Están nuestros operadores judiciales suficientemente preparados en el nuevo sistema Penal Acusatorio? ¿Las decisiones judiciales se deben cuestionar en derecho o en conveniencia política o bajo principios morales?… Considero que se hace necesario y urgente una reforma integral al sistema judicial en el que intervengan los diferentes actores entre otros: Magistrados, jueces, fiscales, abogados litigantes, representantes de la sociedad.