Casi en todo el mundo se está presentando el fenómeno del flujo de inmigrantes de manera irregular, los países que están atendiendo esta problemática le está causando serios problemas con relación a los temas sociales como la atención a la salud, a la educación y a vincularlos al mercado laboral y la seguridad ciudadana más deteriorada.
Los hechos violentos de algunos venezolanos, han causado malestar en las comunidades y está despertando odio al extranjero llamado xenofobia que es algo preocupante y de que no se debe propagar.
Colombia se caracteriza por ser una nación fraternal, acogedora, pero en mi criterio, el Estado ha sido pasivo de poder regular este fenómeno que el extranjero en verdad se legalice y aporte a la fuerza productora de este país, pero la realidad es otra, todos los días llegan numerosas familias de nuestro hermano país sin un control y los gobiernos locales no tienen los suficientes recursos económicos en sus presupuestos lo cual se le está saliendo de las manos para atender este asunto.
Con relación a la salud de muchos venezolanos vienen con enfermedades que en el siglo pasado ya habían sido superado y pone en alerta a los alcaldes en prevenir que no se expanda y la cobertura de educación es otro dolor de cabeza de los mandatarios, la invasión del espacio público, algunos están vinculados al negocio del microtráfico de drogas, al tráfico de armas, a la trata de personas, al contrabando y otros delitos, es preocupante como cada día crece estos hechos irregulares y no se ven soluciones de fondo que al menos se mitiguen.
El actual gobierno aunque ha tratado de establecer una ruta de atención y de buscar recursos con organismos internacionales para suplir las necesidades de los inmigrantes, en mi opinión debe asumir una decisión determinante en fortalecer las fronteras militarmente y no dejar ingresar a personas que estas siendo requeridos por la justicia de su propio país, crear campamentos humanitarios en estos sitios fronterizos que pueda darse una atención integral a la población de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades catastróficas, e iniciar procesos administrativos eficientes de regularización, para así crear una verdadera política pública para la atención a esta clase de población.