El Presidente Duque afirmó el pasado 20 de febrero: “He sido muy claro, nosotros vamos a cumplir como siempre con nuestra responsabilidad. Me tomaré los tiempos que me otorga la ley y buscaré la mejor decisión por parte del Presidente, que esté orientada a que en este país tengamos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición”.
Por mi parte, creo que la mejor decisión es objetar todo el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y no sólo algunos artículos concretos, porque ese proyecto no garantiza ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni no repetición.
Señor Presidente, el clamor de las víctimas es que objete la ley estatutaria de la JEP por el bien del país. No queremos que pase a la historia como alguien que avaló la impunidad.
En su lugar, Señor Presidente, podría proponerle al país racionalizar la justicia de Colombia, que está completamente desinstitucionalizada.
En Colombia hay actualmente seis justicias penales: la ordinaria, Justicia y Paz, Justicia Penal Militar, justicia especial indígena, justicia en el Congreso para aforados y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sólo las dos primeras hacen parte de la rama judicial; las otras gravitan sueltas. Eso no es racional, ni serio, ni funcional, al tiempo que favorece la impunidad.
Se debe proponer al país al menos unificar las dos justicias transicionales: Justicia y Paz y la JEP. Eso implica:
- Rescatar la experiencia valiosa de Justicia y Paz y corregir sus errores, sobre todo en materia de verdad y entrega de bienes.
- Mantener lo inmodificable de la JEP (las excarcelaciones, salvo en los máximos responsables de delitos de lesa humanidad) y suprimir la institución como tal, con todos sus procedimientos y magistrados (que no hacen parte de la favorabilidad).
- Generar una nueva institucionalidad que les de confianza a todos los colombianos: las Fuerzas Armadas, las Farc, los paramilitares, los desmovilizados en otros procesos y, sobre todo, a las víctimas, y que garantice neutralidad.
- Diseñar en consecuencia una nueva oferta unificada de justicia transicional, que se podría denominar “Justicia, Paz y Reconciliación” (JPR). Las características de esta propuesta serían las siguientes: sería un órgano de la rama judicial, en dos instancias, la segunda a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la primera a cargo de Salas de Justicia, Paz y Reconciliación. Serían 5 Salas, ubicadas en los tribunales superiores de Cundinamarca, Antioquia, Barranquilla, Cúcuta y Popayán. Cada una integrada por 4 magistrados: 3 de conocimiento y 1 de control de garantías. Total: 20 magistrados (hoy en Justicia y Paz hay 14, o sea que sería crear sólo 6 cargos de magistrado de tribunal). Todos ellos escogidos por el Gobierno Nacional. La investigación estaría a cargo de la Fiscalía General de la Nación, a través de una dependencia especial, cuyo Fiscal director sería designado por la Corte Constitucional.
Estamos convencidos de que mantener la JEP es hacer trizas los acuerdos. Todos los colombianos buscamos la paz, pero la JEP no es el camino. Por el contrario, se ha constituido en una justicia de la “Cosa Nostra”, donde mafiosos, paramilitares, guerrilleros, corruptos y simpatizantes de todo este entramado se favorecen en contra de la institucionalidad y con la angustia de sociedad en su conjunto.