Mientras el editorial del periódico financiero más importante del país, se ocupa del tema de la Triple A con el título “Un Problema Mayúsculo”, no se percibe en Barranquilla una preocupación igual sobre este tema. Agrega Portafolio que “El caso de las acciones de la Triple A de Barranquilla no solo tiene ramificaciones económicas sino también de corte diplomático”. Recoge además la información de un medio español El Confidencial, que encabeza esta noticia afirmando que: “Colombia usa una ley contra el narco para birlarle al Canal su joya de la corona”.
Fue la reacción, afirma Portafolio, “a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de entregarle a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), las acciones que la compañía de origen ibérico Inassa tiene en la Triple A de Barranquilla”. Definitivamente este tema no solo es local, sino que tiene ramificaciones peligrosas que pueden llevar al país a situaciones muy complejas en el ámbito diplomático. Sorprende que no se identifica una preocupación similar a nivel local, cuando debería estar sucediendo lo contrario. Este escándalo no solo toca de manera seria a la empresa de servicios públicos de la ciudad que se ha destacado por su eficiencia, sino que involucra a representantes de la dirigencia empresarial y política de esta ciudad.
Lo más grave es que a nivel nacional, el tema se considera de absoluta gravedad porque se trata de un caso de corrupción que se asemeja al de Odebrecht, que ha puesto a tambalear a muchos gobiernos latinoamericanos.
Los medios locales registraron las dificultades de la nueva elección de miembros de la junta de la Triple A, pero por alguna razón parecería que se han subestimado las implicaciones internacionales y aun locales de lo que ha sucedido en este caso
. Pero además este tema, que se ha agravado al pasar a ser un hecho de nivel nacional, genera un debate local sobre la responsabilidad de personas a quienes la ciudad les ha confiado el manejo de su empresa estrella.
Y allí surge la gran responsabilidad que la ley colombiana le otorga a los miembros de juntas directivas tanto de empresas privadas como públicas. No es un hecho menor que no solo políticos locales sino reconocidos empresarios estén involucrados en este escándalo que está pasando a mayores.
Como lo plantea el artículo de Portafolio, “la detención en España de varios ejecutivos mostró que había un grupo de personas cercanas al Partido Popular que sacó fondos de la casa matriz y de sus filiales, tanto para beneficio de la colectividad política como propio”.
Colombia y Barranquilla especialmente, tienen que investigar aún más la cara local de este escándalo que solo se conoce parcialmente. Hay mucha tela de donde cortar y por ello no se puede subestimar en Barranquilla este caso de actos fraudulentos que pueden llevar a problemas entre países como Colombia y España, que tienen no solo lazos culturales sino muchas actividades económicas en común.
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