Varias han sido las veces en que he recordado al Gabriel García Márquez de una entrevista en la que afirmó tranquilo que él no creía mucho en eso de escribir los diálogos entre sus personajes, por la sencilla razón de que, en español, tales no le parecían creíbles. Es inevitable concedérselo: al menos en el español de Hispanoamérica (la materia arcillosa de su alfarería), la inscripción literal de vocablos, giros lingüísticos, expresiones gramaticales, etc., no tiene por qué corresponderse con la realidad que se vive. Recordemos que es esta la secreta aspiración de las fabulaciones. Gabo prefería parafrasear a las fictas personas de su obra y ponerlas a hablar a través del narrador omnisciente, imitador de Dios. Y, hacia el final de un hilo narrativo, optaba, ante el sin remedio, por superar el problema valiéndose de la cauta expresión directa, del actor de la escena, de una frase que no estaba destinada a ser contestada, sino que era más como un discreto cierre de acto.
Por otro lado, para los españoles la cosa puede ser distinta. Son ya miles de años los que tienen en la península tratando de dialogar. Hay allí reglas de comunicación, escritas y no escritas, que les favorecen como pueblo de mismo rey y en tanto que nación de naciones. Su español estándar es prácticamente inmune a los regionalismos (más allá de que los catalanes o vascos se quejen de que a los andaluces no se les entiende en castellano cuando hablan muy rápido, es decir, todo el tiempo). En nuestros países, en cambio, llenos de dejes de regiones, subregiones, provincias y, sobre todo, a merced de sus educaciones sin acabar, el problema comunicativo (y, con él, la comprensión, la paz) entre las personas (estas, sí, de carne y hueso, repletas de emociones y pensamientos) no se podría resolver con la imposible supresión de los excesos verbales para poner en su lugar acciones representativas, tal y como se puede hacer en la literatura. No: en esta parte del mundo fluyen ríos caudalosos de palabras, lo que no significa necesariamente que siempre nos entendamos.
Tomemos por caso a Colombia, país del que podría decirse que es uno de los de la América hispana que da un uso eficaz al idioma de la Colonia, no en relación con la dicción cosmética del altiplano, sino respecto de los comprobables niveles de vinculación de ideas. Ciertamente, se habla –y se escribe- en este conglomerado humano de manera más articulada que en ámbitos con casi iguales orígenes; y, aun así, perviven problemas sociales a gran escala cuya causa mediata acaso sea la ausencia de conexión entre lo que se quiere decir por unos y lo que finalmente se capta por otros. Se trata de asunto, pues, que tiende a trascender lo anecdótico y a convertirse en un tema de Estado.
En el mencionado contexto, es de esperar que el proyecto de ley número 63 de 2018, del lenguaje claro, y con origen en la Cámara de Representantes, prospere. Suscribo la segunda parte del inciso primero de su artículo 4º, que define con pragmatismo a aquel respecto de los documentos públicos de todo tipo: “[…] Un documento estará en lenguaje claro si su audiencia puede encontrar lo que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades. […]”. Sí, es afortunado asimilar la capacidad de tomar decisiones satisfactorias a la luminosidad del insumo con que ello se hace. O sea, a mayor precisión, mejor pensamiento. Si a los ciudadanos se les dan elementos para pensar mejor, es dable que se apeguen de suyo a la razón.