Las administraciones públicas necesitan invariablemente, de significativos márgenes de gobernabilidad para mantener paz social, estabilidad económica y la generación de condiciones de viabilidad para los desarrollos presentes y futuros de la unidad administrativa que fuere; especialmente en entornos con dificultades crecientes e inestables, plagados de signos alarmantes y preocupantes que deben y se recomienda sean atendidos con prontitud y prioridad por todas las instituciones del Estado, a efecto de garantizar márgenes de gobernabilidad y evitar así desequilibrios mayores.
Razón por la que preocupe la inseguridad, la violencia, el crimen organizado y la delincuencia común, que obstaculizan crecer nuestro Producto Interno Bruto, lo que se traduce en la negativa recuperación de los ingresos familiares y la pérdida de tiempo en la construcción de un modelo económico capaz de generar un crecimiento sostenido con equidad; condición estructural que derrotaremos si capaces fuéramos de romper el mercado interno, en lo que interesa recaudar más y distribuir con base en criterios de justicia social para garantizar los derechos humanos. De igual manera, aguantar todo proceso inflacionario, gran generador de impactos en las mercancías de consumo masivo, que aunado a una baja recuperación del poder adquisitivo salarial, afecta grandemente para todos, los niveles de pobreza y vulnerabilidad social.
Importa en consecuencia que las políticas económica y social no se paralicen, sino que sean dinámicas, nunca inertes. Que tengan claro el objetivo mejor de romper con los ciclos intergeneracionales de la pobreza, propugnar por hacer crecer el empleo formal derrotando la informalidad laboral. La parálisis es y será siempre mala consejera, por lo que no puede continuar ni podemos tolerarla, importando construir con urgencia nuevos pactos en lo político, económico y lo social que nos den sentido y cohesionen como unidad territorial, al tiempo que nos permita avanzar hacia mejores escenarios de bienestar, donde las inversiones pública y privada se sientan amparadas por un férreo Estado de derecho que cabalmente cumpla el objetivo del mandato constitucional.
El letargo que enfrentamos deriva de un problema de diseño institucional, de ineficiencia en la administración, gestión y gerencia públicas; de la corrupción, de la falta de voluntad y decisión política, de la renuncia a ser un territorio más incluyente y justo; debiendo responder con la ruptura de las lógicas existentes a este tenor, fomentar nuevos pactos y ser más inclusivos en la participación y escucha para la toma de decisiones gubernamentales. Será lo cual un principio de solución sin duda.