Los candidatos presidenciales les han presentado a los votantes una hoja de ruta a implementar en caso de ser elegidos. Por definición, la hoja de ruta recoge necesidades, anhelos, frustraciones y esperanzas de distintos sectores, pues así es como se ganan las elecciones. Hay algo en lo que coincido con Petro: necesitamos un acuerdo sobre lo fundamental. Disentimos en qué es lo fundamental.
El proyecto país desde que declaramos nuestra independencia ha sido una gesta titánica por tratar de llevar el estado y desarrollo a los rincones más apartados, intentando vencer la topografía adversa y atavismos. La constante histórica ha sido la relación inversamente proporcional entre la distancia a la que se esté del Centro y el nivel de presencia del estado y de desarrollo.
Un estado fuerte - lo demuestran casos de estudio de muchos países - es la condición más necesaria para el desarrollo. Y dentro de las funciones que tiene el estado, la que le dio y le da razón de ser, es la capacidad de proteger la vida, los bienes y la libertad de los asociados, mediante el monopolio de las armas y de la fuerza. Esto es lo más fundamental y es lo que necesita Colombia y lo que yo espero que el próximo presidente haga: enfocarse en lo fundamental. Si al final de cuatro años de gobierno, el estado ejerce soberanía plena y efectiva sobre todo el territorio nacional, entonces realmente habremos dado un paso gigantesco hacia el desarrollo social y económico.
La presencia plena del estado en cada rincón implica que el orden impuesto elimine el perverso conflicto existente en las comunidades. Hay amplia evidencia académica que demuestra que el conflicto tiene la doble condición de ser causa y efecto de la pobreza, y por esto es necesaria la presencia de estado. Nuestra historia política exige una pertinente aclaración: eliminar el conflicto no es lo mismo que eliminar a la oposición hecha democráticamente.
Una de las razones por las cuales el expresidente Uribe mantiene una alta aprobación, es que le devolvió la viabilidad al país al llevar el estado en su función más básica a zonas que estaban ocupadas por ejércitos irregulares. Esto permitió que el país se reactivara económicamente, volviera la inversión extranjera y el turismo, entre otros beneficios. Uribe le devolvió la viabilidad al estado, pero el estado sigue siendo un proyecto frustrado. Esto contrasta con los ocho años de Santos - a pesar de lo pactado en La Habana- en donde el estado se replegó. Desarmar un ejército irregular sin hacer presencia efectiva de estado no soluciona nada a pesar de los aparentes efectos positivos inmediatos. Los espacios abandonados serán ocupados nuevamente por otros grupos al margen de la ley. La paz verdadera y duradera presupone más y no menos estado.
Otro de los grandes escollos y causa importante de por qué el estado como proyecto social sigue frustrado, es la Constitución del 91. Es un pacto social que presupone un estado plenamente desarrollado y capaz realmente de excederse y violar los derechos de sus ciudadanos. Pero como ese no es nuestro caso, entonces hace mucho daño y se convierte en un factor incapacitante. Toda la institucionalidad y normatividad creada para limitar el poder del estado ha tenido efectos nocivos. Esto se conoce como “Isomorphic Mimicry”, que consiste en que los países en vía de desarrollo copian las formas de naciones desarrolladas sin lograr obtener los mismos resultados, simplemente porque son dos realidades distintas. Este es el otro aspecto en que debe enfocarse el próximo presidente: racionalizar la institucionalidad y la normatividad para que sean facilitadores y no obstáculos del progreso. La mejor constitución política no es la que recoge las últimas teorías sino la que por su pertinencia apalanca el desarrollo integral del país.
No se puede construir un edificio de varios pisos sobre cimientos defectuosos. Primero es resolver el problema de los cimientos para después si pensar en construir un edificio. Hay que retomar la política de Seguridad Democrática con seriedad y decisión hasta que el estado colombiano ejerza plena soberanía sobre la tierra, el mar y el aire que pertenecen a nuestra nación.