La inseguridad es uno de los temas que más nos preocupa a los colombianos por estos días. El hurto en todas sus modalidades, y de todo tipo de bienes, principalmente, teléfonos celulares, automóviles, motocicletas, computadores, bicicletas; sumados a la extorción y la estafa; son conductas penales contra el patrimonio económico que se viven a diario en el territorio nacional.
Los esfuerzos de la Fuerza Pública parecen ser insuficientes ante la sed de justicia del pueblo que clama por ver a los delincuentes encerrados en prisión. La escena se repite una y otra vez, la Policía les da captura y los jueces le conceden la libertad, al parecer no representan un peligro para la sociedad, o por cualquier otra razón pero quedan libres.
Algunos culpan al sistema penal, otros a la justicia, una parte pide más vigilancia policial, y hay quienes consideran que se deben endurecer las penas y reformar las cárceles. Pero más allá de todo esto, existe un serio problema de política criminal del Estado que no se soluciona en forma represiva, como pueden pensar muchos. La problemática es de fondo y con esa consideración merece ser analizada.
Muchas veces pensamos que la solución al delito es un sistema penal basado en condenas ejemplarizantes donde la justicia obre con sed de venganza. Pero no es así, la represión no es la mejor forma de combatir este fenómeno social. Realmente, se requiere de todas las instituciones del Estado para ser frente a esta problemática. No solo con la Fuerza Pública haciendo uso del monopolio de las armas y la Rama Judicial condenando a prisión a todos los acusados.
En especial los llamados delitos menores, requieren un trabajo más social que coercitivo. Los que incurren en estas conductas, en su gran mayoría, son ciudadanos con grandes problemáticas sociales, en algunos casos, ellos mismos han sido víctimas de otros delitos como violencia intrafamiliar, o sufren el flagelo de la drogadicción.
Sin justificar el delito, pienso que la política criminal del Estado colombiano debe ir mas encaminada a la prevención que a la sanción, basada desde luego en un sólido sistema educativo. No podemos pretender que la justicia se dedique solo a condenar para seguir colapsando un ineficiente sistema carcelario.
Debemos centrar la atención en brindar más oportunidades a los jóvenes de las áreas vulnerables, mostrándoles horizontes diferentes. La justicia por sí sola no puede acabar esta problemática, se requiere de todas las instituciones para crear un tejido social que garantice oportunidades de vida diferentes a la de delinquir para poder sobrevivir. Educación, salud, servicios públicos, empleo, son dosis que debemos inyectar para mitigar el delito. Como dice un sabio refrán: “educa al niño y no tendrás que castigar al hombre”.