Como desde hace unos años, vengo tratando de que se me liquide correctamente la pensión de jubilación por medio de una tutela, la cual a pesar de que fue fallada a favor, magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura se han encargado de impedir su correcta aplicación, ese proceso me ha servido para entender un poco cómo funciona el sistema.
Por esa razón estoy muy asustado, pero no sorprendido, con lo que está sucediendo con el proyecto de acto legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales transitorias de paz.
Sucede que esas 16 nuevas curules ---que no son para las víctimas sino para la Farc, el partido de la Rosa Sangrienta, porque quien manda en esas circunscripciones es la Farc y no las víctimas--- fueron negadas por el Congreso, y el proyecto se archivó. Hasta ese punto, todo normal. De allí en adelante, se ha desatado la más bizarra manipulación del ordenamiento jurídico para obligar al Congreso a aprobarlas. La gran importancia de aprobar esas 16 nuevas curules es fundamental para el futuro de Juanpa y el de todos sus colaboradores. Esas curules marcan el punto de quiebre, para que Juanpa pueda tener mayoría legislativa, lo que le garantizaría a él y a los suyos que no van a la cárcel después del próximo 7 de agosto.
Esa importancia explica el siguiente hecho insólito, prácticamente inédito: El Gobierno de Santos se lanzó a empoderar la figura de la Tutela con el fín de darle capacidad suficiente para intentar reversar la decisión del Senado. Para esa jugada tan torticera se prestó, increíblemente, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, quien de forma súper rápida, el pasado 30 de noviembre produjo el Decreto 1983 de 2017, por medio del cual cambió las reglas del juego sobre Acción de Tutela, dándole competencia a los juzgados del circuito para conocer las tutelas contra el Congreso. Poco le importó a este Gobierno de Santos la hecatombe jurídica que semejante despropósito creará. Con esa medida se rompe el equilibrio de poderes. Con esa medida, un juez enmermelado podrá desautorizar el Congreso. Con esa medida se crea un caos jurídico sin precedentes en el país. El caos de la corrupción que actualmente vivimos, se quedará chiquito a comparación de lo que significa descuadernar el Sistema del Poder Público Colombiano, la base de nuestra Democracia.
Esperemos que el CD reaccione pronto, porque nadie parece haberse dado cuenta de que la manipulación de Santos Calderón con Gil Botero, puede causar un cataclismo jurídico en el país. Yo no soy jurista, solo puedo decir que fui estudiante de Derecho en la Universidad Nueva Granada, pero lo que estudié, es suficiente para causarme pánico lo que están haciendo con el sistema jurídico del país. Espero, que tan pronto los verdaderos juristas del país se den cuenta de lo que está sucediendo, haya una reacción acorde para evitar el caos que se ve venir, y... no me da vergüenza de que me tilden de alarmista!!!
Buen viento y buena mar.