El año 2017 en materia económica fue un año perdido. Las cifras macroeconómicas dan grima. Un crecimiento del PIB inferior al 2% no es adecuado y suficiente para las necesidades de los colombianos.
Los reductos o disidencias de las Farc siguen en las suyas. Algunos subversivos, simplemente, se cambiaron el brazalete de las Farc por el del ELN. Otros engrosaron las bacrim y otros siguen conservando la marca Farc. Una paz mal hecha no va a traer ningún dividendo, lo cual es una verdad que el Gobierno quiere ocultar. Por otro lado, el Gobierno nos metió en un tren de gasto, burocrático y populista, que nada aporta para construir las bases del futuro desarrollo. No ahorró y se gastó la bonanza petrolera en nada. La caída del precio del petróleo lo cogió con los pantalones abajo, sin plan B y sin haber fomentado de manera decidida el sector privado y la creación de empresa.
Se dedicó a exprimir a los hogares y a las empresas con una reforma tributaria absurda y exorbitante que hundió más la economía. Por ello, el Castro-Chavismo, fenómeno cancerígeno latinoamericano, nos llegó por adelantado de la mano del Gobierno Santos. Venezuela, con el “exprópiese” de Chávez, expropió activos y empresas. Santos, de manera soterrada, se dedicó a nacionalizar las rentas de las empresas. Este Gobierno, en su devenir derrochón por las crecientes necesidades de gasto, para ganar las elecciones y pasar y aprobar el acuerdo de La Habana y sus cambios normativos, sometió a los colombianos y a las empresas a una esclavitud moderna. Los legales, aquellos que pagan impuestos de manera regular y están bajo la lupa de las autoridades, están sometidos a un “Government Take”, a lo que toma el Gobierno en todos sus niveles, a tarifas que van hasta un 75%.
Así, en lugar de hacer un esfuerzo para gastar menos y para que más personas y empresas tributen, siguió gastando e hizo una reforma tributaria para que los de siempre tributen más. Con ello sólo consiguió golpear la economía y, por ello, el magro crecimiento y la tasa de desempleo con dos dígitos. Eso de tratar de recuperar las rentas estatales pérdidas, como resultado de los bajos precios del petróleo, a través de una reforma tributaria, salió muy mal. Tan mal habrá salido que la calificadora “Standard and Poors” resolvió reducir la calificación del país de BBB a BBB-. La calificadora castigó el mal desempeño actual de la economía y no, como lo trataron de explicar, el mal desempeño futuro de la misma.
Así las cosas, el próximo año no pinta nada bien. La solución está en meter a la economía en una fase de crecimiento acelerado de la mano del sector privado. Para ello hay que crear las condiciones necesarias que generen incentivos a la inversión y, por supuesto, seguridad jurídica. Trump lo tiene claro.
La reducción de la tasa impositiva federal al 21% va a traer mayor inversión, mayor empleo y salarios más altos, lo cual es bueno para los Estados Unidos y sus gentes. Lo malo, para el resto del mundo, es que ello significará la conversión de los Estados Unidos en una aspiradora mundial de inversión. Por eso, por nuestro propio bien, debemos hacer reformas estructurales que impliquen tomar el sendero del crecimiento económico de la mano del sector privado y poder crecer, crecer y crecer de manera acelerada y constante.