Electricaribe es el proveedor de transmisión y distribución eléctrica con mayor participación de usuarios en estratos 1 y 2 (80% de los usuarios) frente al resto del país.Con base en este perfil de consumo, a finales de 2016, en debate de control político pregunté y me ratifico hoy: ¿Por qué nunca se definió un esquema complementario de Solidaridad que permitiese la aplicación de subsidios adecuados, en comparación con el resto del país para la población más pobre de la región y posiblemente del país?
Asimismo, vale la pena preguntarse: ¿Cómo es posible que la calidad del servicio de los usuarios de la región Caribe sea tan precaria, si allí se encuentra el parque térmico de generación, así como las fuentes de gas más importantes del país? Algo, más allá de los posibles malos manejos de la empresa, se asoma en esta crisis y evidentemente el responsable es un gobierno despreocupado por la modernización de los esquemas regulatorios y de incentivos del sector energético colombiano. Tanto es el abandono, que una obra estratégica para el sector energético colombiano como Reficar, terminó siendo fuente de grandes detrimentos fiscales.
Vale la pena recordar que en la Costa Caribe, para el 35% de los hogares que ganan entre 0 y 1 salario mínimo, la factura mensual de electricidad representa más del 10% de su ingreso, mientras que para el promedio nacional es de 3,6%; por ello es necesario que de una vez por todas se modernicen los esquemas de eficiencia y solidaridad que prevalecen en los servicios públicos domiciliarios del país. Ahí, la deuda más grande es de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Esta semana el país conoció un hecho lamentable, la Contraloría reportó que Electricaribe se apropió de $216.894 millones al hacer uso indebido de recursos, que se le giraron para subsidiar a los usuarios con menores ingresos de la región. Esto no es nuevo. A inicios de 2017 en la Plenaria del Senado denuncie que Electricaribe recibió cerca de $4,5 billones por subsidios eléctricos (entre 2015 y 2016), los cuales no se invirtieron en calidad ni en la reducción de tarifas, lo que ha sido ratificado por la Contraloría quien reportó que usuarios de estratos bajos en la Costa no recibieron descuentos en sus facturas por $217 mil millones, a los cuales tenían derecho por el subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social (FOES). Según informa la Contraloría, la empresa destinó los recursos correspondientes a los subsidios, a la disminución de sus pérdidas.
Con estos antecedentes, hay que exigir a la Superintendencia de Servicios Públicos no solamente que aplique sanciones fuertes, sino que le quite la prestación del servicio a todas aquellas empresas de servicios públicos que se roben los subsidios. En defensa de los usuarios, no hay otro camino que ser implacables con aquellas empresas que indebidamente se apropien de los subsidios de los colombianos.
Es de la mayor importancia que la Superintendencia sea más efectiva en el control y la vigilancia a los subsidios en todos los sectores, no solo eléctricos sino también en otros que son vitales para los ciudadanos como el agua, el saneamiento básico y las telecomunicaciones, etc.