Sorpresiva resultó la escalada del Magdalena hasta el séptimo lugar en el índice desempeño fiscal 2016 – IDF - del Departamento Nacional de Planeación – DNP. Un posible error en los datos del DNP puede explicarlo.
El posible error radica en que el DNP aplicó para el Magdalena la tercera categoría, con lo cual el tope para el indicador de viabilidad fiscal de la ley 617/00 (gasto de funcionamiento / ingresos corrientes de libre destinación) sería el correspondiente a departamentos de esa categoría, es decir 70%.
El indicador de viabilidad del Magdalena fue de 59,2%, con lo cual su margen de holgura frente al tope de 70% sería de casi 11 centésimas, lo cual le daría una ventajosa ponderación al departamento en este componente del IDF. No obstante la realidad es que el Magdalena está en segunda categoría, con lo cual el tope del indicador de viabilidad baja al 60% y, por ende, dicha “holgura” se aprieta a 0,8 centésimas, muy cerca al incumplimiento. Si se aplicase así, el departamento debería bajar en la calificación general del IDF.
Cabe anotar que el incremento del indicador de viabilidad del Magdalena en 2016 refleja malas decisiones administrativas, no solo de la Gobernación sino del mismo Ministerio de Hacienda. En 2016 el Departamento subió a segunda categoría gracias al incremento de sus ingresos tributarios. La ley obliga a que por ello se incrementase el salario de la Gobernadora y, por ende, el del Contralor Departamental, los honorarios de los Diputados y del presupuesto de la Asamblea así como la disminución del presupuesto de la Contraloría. Eran los únicos cambios que la nueva categoría exigía. No obstante, en una actitud de irresponsabilidad fiscal y legal, la Gobernación incrementó el salario de todos sus empleados con lo cual el rubro de sueldos y salarios creció 41% en 2016 respecto a 2015 y 87% respecto a 2012. En términos reales, lo que en 2012 se hacía con $100, en 2016 costó $157. Estamos hablando de la inconveniente creación de nuevo gasto permanente mientras la nómina paralela había crecido más del triple entre 2012 y 2015. No es la dieta adecuada para una entidad en intervención económica y, supuestamente, bajo la estricta vigilancia del Ministerio de Hacienda. En nómina fueron $9.800 millones adicionales en 2017 respecto a 2012, que no suenan justos mientras la Gobernación le niega $15.000 millones al proyecto social de la Universidad para el sur en El Banco.
Quedarían otros temas por revisar en el IDF, por ejemplo cómo los ingresos tributarios del Magdalena pasaron del 62% al 94% de los ingresos corrientes, cuando el incremento de los primeros fue del 10% y los segundos cayeron 12% así como la alta volatilidad del IDF cuyos indicadores decisivos están atados a las coyunturales cuentas de resultados sin incidencia del pasivo corriente, por ejemplo.
Todo eso es lo que ese séptimo lugar puede estar escondiendo. Por ello he solicitado al Ministerio de Hacienda explicar su autorización del incremento inconveniente de un gasto permanente en el funcionamiento de la Gobernación del Magdalena en plena intervención económica y al DNP la revisión o corrección, si es el caso, de la categoría aplicada al IDF del Magdalena en 2016.