Entre los varios temas que estarán en la agenda de la opinión pública y que tendrán una decisiva influencia en la intención de voto de los ciudadanos, quizás el más relevante será la economía. Un examen rápido muestra que todas las cifras básicas están muy deterioradas o son francamente malas.
La economía creció en el primer semestre de este año apenas un raquítico 1.2%. Miente descaradamente el Ministro de Hacienda cuando afirma que en el año completo Colombia crecerá al 2%. Él sabe muy bien que no hay ninguna posibilidad de que en este segundo semestre crezcamos al 2.8%. En la mejor hipótesis lo haremos al 2%, de manera que tendremos que darnos por bien servidos si alcanzamos un 1.6% consolidado en este 2017. No sobra recordar que si nuestro país no crece a un mínimo de 4% anual, no consigue ni disminuir el desempleo ni bajar los índices de pobreza. De hecho, como era inevitable, ambos índices se deterioraron este semestre, aunque aún de manera leve.
Otros datos también son malos. La deuda externa alcanza ya los 123 mil millones de dólares, casi el 54% del PIB. De ellos 73 mil millones corresponden a deuda del gobierno y lo demás al sector privado. Las exportaciones no repuntan y solo el veinte por ciento son de productos de valor agregado y el resto materias primas, lo que demuestra que no hemos sido capaces de desarrollar una producción competitiva de productos de manufactura e industriales. No es casualidad que en el último trimestre el PIB industrial esté en negativo y que, en el año corrido, si se quita Reficar, la industria se encuentre en recesión, con casi todas sus cifras en rojo.
Muy mala señal es que tal cosa ocurra cuando, además, el dólar está en algo menos de tres mil pesos por dólar, muchísimo más favorable para las exportaciones que en los años de auge de la producción petrolera y de carbón. Algo anda muy mal en la economía si, a pesar de la mucho mejor tasa de cambio, las exportaciones no repuntan. En cualquier caso, parece claro que, más allá del discurso contra la explotación de hidrocarburos y minerales por el supuesto efecto de síndrome de economía holandesa, que no creo cierto, no somos competitivos.
Aunque las razones de esa falta de competitividad son varias, señalaré un par especialmente relevantes. La primera es que la carga tributaria es demasiado alta. El 19% de IVA es el más alto del Continente y en muchos sectores productivos las tasas de tributación efectivas son del 60 al 72%, unas de las más altas del mundo, según Justicia Tributaria, a quien no se le puede acusar de antigobiernista. Semejantes tasas son cuasiconfiscatorias y en todo caso excesivas para una economía competitiva. Es indispensable bajar los impuestos para devolverle capacidad de consumo y de ahorro a la clase más desfavorecida y a la clase media y para estimular al sector privado. Esa reforma tributaria además debe ser integral y debe simplificar y reducir el número de impuestos (más de setenta, entre nacionales, departamentales y municipales) y el calendario tributario.
Se bien que tal cosa no es posible si al mismo tiempo no trabajamos de manera eficaz en contener el derroche y el despilfarro, volvemos a un estado austero y eficiente, luchamos contra la corrupción, disminuimos la evasión, la elusión, y, por encima de todo, la informalidad, gran lacra de la economía colombiana. Así se puede bajar los impuestos, en las circunstancias actuales, sin poner en riesgo la nota de las calificadoras de riesgo internacionales.
La segunda es que los costos laborales no salariales son excesivos. Solo el 52% de la carga laboral es salario. El resto son parafiscales y demás. El propósito debe ser aumentar los salarios en paralelo a la disminución de impuestos, de manera que haya una compensación social adicional a la baja del IVA. Ahora bien, para que el aumento del salario no impacte negativamente la generación de empleo, el camino es hacerlo mientras que en paralelo se disminuyen los costos laborales extras, de manera que no haya erogaciones adicionales para los empleadores. Los trabajadores recibirán mucho más dinero, mejorando capacidad de ahorro y de consumo, mientras que los empleadores no asumen costos adicionales.