Con dolor, he visto cómo el peligroso mal de la intolerancia y el totalitarismo se ha asentado en los más altos escaños del Partido Liberal. He atestiguado con indignación cómo algunos de sus directivos han asumido posturas dirigidas, paradójicamente, no hacia la libertad, que debe ser el centro de nuestro horizonte, sino contra las libertades de expresión, de participación y de deliberación, impidiendo la renovación, la convergencia de ideas de los liderazgos más independientes y las expresiones más liberales.
Como inquisidores, han logrado una estigmatización sistemática de todo pensamiento independiente. Y, al acusar de “no liberal” a la mayoría del pueblo, que no tolera las políticas antiliberales del actual gobierno, no se ha logrado más que un grave atentado contra el liberalismo en su conjunto, que ha esfumado la esperanza de muchos de que el Partido Liberal volviera a ser la mayor fuerza del país.
La continua pérdida de favorabilidad en la percepción de los colombianos respecto al Partido Liberal encuentra su razón de ser en el desestímulo que causa la forma antiliberal, sectaria y malintencionada de perseguir y restringir la independencia y la defensa de la voz del pueblo.
Quiero que, contrario a aquellos que continúan en la onda totalitaria y mezquina a la que nos hemos referido, sea aplicada en la estructura de nuestra colectividad esa doctrina de democracia y de libertad que está inscrita en nuestro ideario de siempre, para que millones de colombianos hoy decepcionados puedan volver a querer llamarse liberales.
Por ello, decidí demandar la ilegalidad y la ilegitimidad de un “manifiesto” con el cual se pretende obligarnos a todos los candidatos liberales a casarnos “sin objeción posible” con los acuerdos de La Habana y con todo acuerdo en un futuro con grupos ilegales, sin importar lo que en ellos se negocie. A través de una acción de tutela, he solicitado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, como víctima de las Farc, sea reconocido mi derecho a la objeción de conciencia, que se protejan mis derechos a la libertad de expresión, a la libertad de disenso, a la libre determinación y a elegir y ser elegida y se me garantice la defensa reforzada a la participación con equidad de género, a la igualdad, al pluralismo y a la no discriminación.
Y al ver que, a causa de esta clase de imposiciones dictatoriales de la dirección del partido, mis colegas Viviane Morales y Juan Manuel Galán desistieron de sus candidaturas, decidí, en representación de los colombianos liberales que no se sienten identificados por estas políticas, inscribirme como precandidata a la Presidencia de la República por el Partido Liberal, para desarrollar un ejercicio de entereza y rigor político, en el cual, en vez de crear división y estigmatización, logremos examinar exhaustivamente las dificultades más dramáticas de nuestro pueblo y nos comprometamos con medidas liberales que, efectivamente, apunten a resolver esos dramas y, no a desfavorecer a los más necesitados, como ha hecho el actual gobierno.
Por estar nosotros en contra del antiliberalismo de los “liberales”, los sectarios “caciquillos” del partido han “decretado” impedir este proyecto, al negarnos la posibilidad de inscribir esta candidatura. Pero, conscientes de que el Derecho nos ampara, estamos seguros de que no les darán la razón los tribunales, y de que estos, como es lógico, decidirán a favor de la debida protección de los derechos fundamentales y ordenarán al Partido Liberal incluirnos en la contienda. El Partido Liberal cada vez tendrá menos representatividad popular, si se sigue negando a atender el sentir del pueblo y si sigue empecinado en bloquear a las voces independientes y renovadoras.