Nuestra Constitución contiene en su articulado disposiciones sobre la Justicia Especial para la paz. Es decir, ya está creada como una jurisdicción excepcional la manera de juzgar a quienes cometieron graves delitos, relacionados con el conflicto armado interno que hemos sufrido durante décadas. Pueden ser guerrilleros, miembros de las Fuerzas Armadas y terceros miembros de la sociedad civil.
Es la primera vez en nuestra historia tan saturada de guerras, desmanes y violencia, que se hace un esfuerzo para juzgar y castigar a los mayores responsables de la orgía de sangre que nos dominó por tanto tiempo. Nunca antes se hizo nada igual, ni siquiera en la llamada época de la violencia en la mitad del siglo pasado, cuando se cometieron 350.000 asesinatos. El cometido que al respecto se está sacando adelante es inédito en el país, y un ejemplo para el mundo de una sociedad que no acepta cubrir con un manto de impunidad tanta desgracia y sufrimiento.
Se trata ahora de desarrollar las normas constitucionales sobre Justicia Transicional, un modelo especial para lograr la paz haciendo tránsito de la guerra cruel a la convivencia, con el apoyo, desde luego, del mayor número de colombianas y colombianos. La llamada Ley Estatutaria es una especie de reglamentación que hace el Congreso Nacional para que la Justicia Especial para la Paz empiece a operar. Resulta importante aprobarla y hacerlo rápido.
Si no se aprueba se hará inoperante esta clase de Justicia especial, se desconocerá el Acuerdo del Teatro Colón, se burlará a las Farc que ya están cumpliendo sus compromisos y se coloca en peligro de destrucción todo lo que se avanzó en los anteriores 4 años. Si no se hace rápido, cundirá la desconfianza entre la gente fariana, aumentarán las deserciones y daremos al mundo un espectáculo de deslealtad e incumplimiento. De entrada se dañarán los esfuerzos de Quito con el Eln.
En el Congreso la bancada de Centro Democrático, está en contra. No es extraño porque se ha opuesto a todo lo que se relacione con el proceso de paz. Cambio Radical anunció que también se opone a la ley, lo que a muchos nos tomó por sorpresa. El radicalismo de hoy forma parte de las fuerzas que apoyan al gobierno, integra la Unidad Nacional y estuvo representado con su jefe, el doctor Vargas Lleras, en dos Ministerios y en la Vicepresidencia de la República.
No pretendo meterme en las decisiones de un Partido distinto al mío, pero francamente nadie entiende que ocurrió, máxime cuando el texto del proyecto de ley fue conciliado previamente con los voceros del doctor Vargas Lleras. Parece poco razonable esa decisión que pone en peligro la aprobación de la Estatutaria, la cual ya pasó la primera prueba.
En materia de lo razonable, claro, no hay nada escrito. Recordemos al Quijote: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura”.