Según su relato, una pareja de esposos confesó que por más de un año “estuvimos envenenados y no lo sabíamos”, como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono en su propia vivienda, por una avería en un gasodoméstico.
Guardadas las proporciones, algo parecido viene acaeciendo en las principales ciudades del país a consecuencia de la polución del medio ambiente, atribuible en gran medida a las emisiones de gases tóxicos provenientes de la combustión de los motores de los vehículos que las atiborran. Los mayores niveles de contaminación se dan en las cinco principales capitales de Colombia, especialmente en Bogotá y Medellín. Esta es una amenaza silenciosa a la que hay que prestarle más atención.
Según un estudio del DNP, en el 2014 se reportaron 54 millones de síntomas de enfermedades asociadas con la contaminación del aire en las urbes, al tiempo que se registraron 8.600 fallecimientos en el país relacionados todos ellos con problemas respiratorios. El costo de las muertes y las enfermedades contraídas a causa de la degradación del aire enrarecido que se respira viene en aumento año a año, en el 2014 representó la friolera de $12 billones, 1.59 puntos porcentuales del PIB. Esto es una barbaridad.
Se vienen violando sistemáticamente los artículos 44, 49, 78, 79, 80 y 82 de la Constitución Política que propenden por la defensa de los derechos a la vida, la integridad física, el medio ambiente, el espacio público y, sobre todo, la salud, que ahora es considerado como derecho fundamental en virtud de la Ley 1751 de 2015.
El caso más crítico se ha venido dando en Medellín, en donde su Alcalde Federico Gutiérrez se vio precisado recientemente a decretar la alerta roja ambiental por la alarmante contaminación que afectó al área metropolitana y al amparo de la misma tomó medidas drásticas, de restricción a la circulación de automotores.
El mandatario antioqueño, exasperado por esta calamidad, le pidió a Ecopetrol producir combustibles de mejor calidad, pero a decir verdad hoy por hoy los combustibles que salen de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja cumplen con la Ley 1205 de 2008. Esta dispuso que a partir del 1º de enero de 2010, en el caso de áreas metropolitanas, distritos y municipios y el 1º de enero de 2013 para el resto del país, el diesel que se expenda en las estaciones de servicio debe contener cantidades de azufre por debajo de los 50 ppm, que corresponde a los estándares internacionales. La gasolina que se distribuye en todo el territorio nacional, con 200 ppm de azufre, si es susceptible de mejorar su calidad, pues, a pesar de los progresos, sigue estando muy por encima de los estándares internacionales. De no ser por la mezcla de los biocombustibles, las emisiones serían aún mayores.
Pero ojo, no basta con mejorar la calidad de los combustibles. Mientras el parque automotor que rueda por el país tenga el grado de obsolescencia que tiene, lo que se viene haciendo con la mano, mejorando la calidad de los combustibles, se borra con el codo. A pesar de que la Ley 105 de 1993 estableció, de manera perentoria, que al término de los 20 años de vida útil los vehículos de transporte público de pasajeros debían salir de la circulación tal, precepto se incumple.
En Bogotá se han tomado algunas medidas tendientes a ponerle freno a la contaminación ambiental por cuenta de los automotores, aunque todavía muy tímidas. Al tiempo que se cuenta ya con 300 buses zonales y troncales con tecnología híbrida y eléctrica, todavía circulan en la capital 2.000 buses de Transmilenio, 6.800 buses del SITP y los más de 5.000 buses y busetas de transporte público siguen quemando combustibles de origen fósil.
Se presentan también casos inexplicables e indefensables, como el de Barranquilla, en donde teniendo la disponibilidad del gas natural, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transmetro) optó por tener una flota con tecnología diesel, mucho más contaminante. A contrario sensu, en Medellín le apostaron al gas natural.