Para los cargos estatales macondianos, existen formas de contratación que les permiten la vinculación a los ciudadanos para su desempeño. En ese sentido, cada Institución pública regula de acuerdo a las necesidades del servicio estas vacantes de la mano de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Pero, lastimosamente para la vinculación en las instituciones del Estado, principalmente de aquellas que derivan de los tres poderes principalmente (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), como también alcaldías y gobernaciones el proceso se da a partir de cuestiones burocráticas: “fichas políticas” le llaman en el lenguaje coloquial. Es así, que dentro de este común mecanismo no se tiene en cuenta muchas veces perfiles y peor aún el impacto que se tenga hacía la comunidad a atender, sino el número de votos registrados en la campaña electoral, etc.
Por otra parte, a nivel público existen comúnmente dos tipos de vinculación: cargos que son “provisionales” y cargos que son en “carrera o propiedad”. Los primeros son de libre remoción y están cubriendo un puesto por necesidad del servicio, pero sin muchas garantías en términos de estabilidad, aunque tengan las mismas funciones, responsabilidades y sueldo con relación a la vinculación de los de carrera. La diferencia estriba en que estos últimos, en un momento determinado los cargos o vacantes fueron ofertados a través de un “concurso de méritos” convocado por la Comisión Nacional del Servicio, donde se tiene que obtener y cancelar un PIN (número de identificación personal) para empezar un proceso que puede tardar hasta tres años.
Primero las personas aspirantes son sometidas a unas pruebas que evalúan supuestamente “competencias” que implica conocimientos matemáticos, de lenguaje, psicotécnica y una de suficiencia para el cargo (evaluación es diseñada y aplicada por el ICFES). Por lo general son muchos los aspirantes que desean de alguna manera quedarse con alguna de las vacantes y así “asegurar la vida” como se escucha popularmente, porque dicho nombramiento les permite cierta estabilidad y garantías. Pero, aunque sean muchos los aspirantes, sólo tienen esa oportunidad quienes obtienen los puntajes requeridos, sumados a partir de la evaluación y posteriormente una entrevista. También es cierto que esta multitud de inscripciones genera al Estado un gran recaudo económico.
Pese a tales condiciones, los inconvenientes que generan estos tipos de vinculación son divisiones laborales, formas de sometimiento y relaciones de poder en los cambios administrativos por finalización de periodos políticos. Las personas vinculadas provisionalmente siempre están a la expectativa que pueda llegar alguien en carrera y reemplazarlo en cualquier momento que sin importar los años de permanencia en el cargo, inmediatamente pierde su vinculación. Paralelamente, los de carrera gozan de cierto sosiego, pero también son sometidos a una evaluación anual en la que se “miden” resultados, presentando informes y evidencias de gestión. También se generan internamente relaciones conflictivas entre unos y otros, pues en muchos casos la vinculación de carrera inventa cierta consciencia de poder en donde entran a sojuzgar a los provisionales con alto grado de subestimación, pero como decía al principio todos cumplen funciones específicas y en cargos iguales la remuneración es la misma.
Lastimosamente es muy macondiano encontrar cualquier excusa conflictiva para relacionarnos y esto no escapa a las condiciones laborales que he descrito, que en vez de generar lasos de fraternidad, por el contrario se convierte en una lucha injustificada y sin sentido. Hay algunas instituciones del Estado, como lo es el caso del magisterio adscrito al Ministerio de Educación, en el cual es más notorio desde mi perspectiva la remoción y nombramientos tanto provisionales como en carrera, además de ser patente la lucha interna descrita de la cual soy un testigo acérrimo.