La sabiduría popular utiliza fábulas para describir situaciones de la vida cotidiana y enseñar moralejas.
La rana, a pesar del temor, aceptó y el escorpión se subió. En la mitad del río, el escorpión picó a la rana. La rana, en estado de conmoción, increpó al escorpión, qué si acaso estaba loco, pues los dos iban a morir. El escorpión simplemente dijo que no lo pudo evitar: “No puedo dejar de ser quien soy, ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otra forma distinta a como he aprendido a comportarme.” No obstante, semejante moraleja, el Gobierno quiere nombrar 1.200 ex guerrilleros de las Farc como escoltas de la UNP.
Estos ex guerrilleros serán quienes protejan a los ex integrantes de las Farc, sus familias, sus hogares y las sedes políticas. El negocio para las Farc es redondo. Se cambiarán unas armas y un “ejército” ilegal por unas armas y un “ejército” legal. Además, los nuevos escoltas de las Farc recibirán un sueldo mensual de $1.825.000. Francamente no se entiende el despropósito. Los retóricos mamertos de la paz tratan de convencer a todos, y a ellos mismos, de que esto es lo más de razonable, que es un pequeño sacrificio y que, quienes piensan en contrario, no son pragmáticos, son fachos y son intolerantes. Su argumento se basa en un sin número de afirmaciones sueltas.
Indican que existe la necesidad de que los miembros de las Farc cuenten con protección propia, pues la del Estado no es adecuada. Agregan que en la década del ochenta la UP no contó con la debida protección y por ello fueron asesinados. También indican que es la manera perfecta de controlar a los ex subversivos e incluso piensan que deberían ser los peores, los más violentos, los que deberían ser los escoltas, pues al ser empleados públicos estarían controlados. Finalmente, indican que precisamente por no prever esto en la desmovilización de los paramilitares surgieron las Bacrim. Todos estos argumentos sueltos, que apelan a la falsa practicidad y a la paz, sin importar el precio, se oponen a los principios fundacionales y fundamentales del mismo Estado de Derecho.
El Estado debe tener el monopolio de las armas. No puede cederlo a un grupo específico, que además representa una facción política que terminaría haciendo política con armas, ahora legalizadas. Cierto es que uno de los deberes del Estado es proteger a todos los ciudadanos. Pero ello no se puede hacer con grupos personalizados, sino con personal que sólo responda al Estado.
Igualmente, quienes estén autorizados a portar armas y proteger a los ciudadanos en nombre del Estado, tienen que contar con la mayor estabilidad psicológica y social y no haber cometido delito alguno, conforme a que el derecho colectivo a la seguridad de todos los ciudadanos debe primar.
Finalmente, las Bacrim son el resultado del negocio de la droga y la inadecuada política de reinserción y no de no haberle dado cargos de escoltas a los ex paramilitares.
Lo importante es establecer mecanismos para que los ex guerrilleros se reincorporen a la vida civil y dejen su manera violenta e ilegal de actuar, lo cual no se hace nombrándolos de escoltas y dándoles armas.
Ello va en contra de la seguridad del Estado y de la ciudadanía y de la propia intención de llegar a una paz verdadera. Pidámosle al escorpión que entregue de verdad su aguijón y no le demos otro para que nos pique y nos ahogue a la mitad del río como a la rana.