Soy un convencido de que las instituciones establecidas por la Carta Magna de 1991 deben respetarse y por consiguiente se deben acatar sus pronunciamientos más allá de nuestro querer o de nuestra simpatía con el responsable de dicha institución.
Ha sido probablemente uno de los años con mayores cambios para la sociedad colombiana, así como también un cambio en el liderazgo de las instituciones u órganos de control del estado. Este año salió Alejandro Ordoñez de la Procuraduría General de la Nación luego de una guerra política y jurídica que fue, en gran medida, emprendida por el mismo Gobierno de Juan Manuel Santos. En su reemplazo llega Fernando Carrillo, un liberal de vieja data que demuestra el poderío político que el Partido Liberal tiene en el Gobierno de Santos.
También fuimos testigos de la partida del Dr. Montealegre de su querido despacho en la Fiscalía General de la Nación, y en su lugar le dimos la bienvenida a Néstor Humberto Martínez. Un cambio del que fuera el mejor amigo del presidente y de su gobierno, a un nuevo Fiscal que hizo parte del Gobierno de Santos cuando se desempeñó como ¨Superministro¨ o ministro de la Presidencia. Tampoco podemos olvidar que frente a la Contraloría General de la República está un liberal más en la silla de mando.
Independientemente de la condición social o política de cada ciudadano, no se puede tolerar que se pretenda sólo aceptar los mandatos de las autoridades legalmente establecidas cuando dichas decisiones sólo favorezcan ciertos intereses o que sólo se aplaudan las investigaciones y decisiones en contra de sus opositores políticos. Las decisiones que sean tomadas por cualquier autoridad legalmente investida deben ser acatadas. En caso de existir oposición de criterios, para ello se han establecido los recursos de ley para que se diriman dichas diferencias partiendo sobre la base de un sistema administrativo y judicial imparcial y expedito.
No le luce bien a ninguna administración culpar a sus opositores políticos el hecho de la apertura de ciertas investigaciones fiscales sobre procesos de contratación. Todas las investigaciones se deben llevar bajo el mismo rigor para todos los investigados, independientemente de si es un contratista de un pequeño municipio del país o si se tratare del Alcalde Mayor de Bogotá.
Sin ánimos de caldear la situación política actual, lo cierto es que algunos de los regímenes que siempre se han opuesto a las decisiones de las instituciones del Estado son aquellos que han estado destinados al fracaso, ya sea por falta de legitimidad o pérdida del apoyo popular, tal es el caso actual de Venezuela y su lamentable fractura del orden constitucional.
Para aquellos que hoy aplauden todas las decisiones de algún partido sin observación alguna, no deben olvidar que el nacionalsocialismo, el chavismo, el régimen cubano, entre otros, fueron apoyados en algún momento por la gran mayoría de sus simpatizantes sin poderse detener a analizar las verdaderas y efectivas consecuencias de un mandato popular de tal magnitud.
Políticos, necesitamos de ustedes más trabajo y menos cuento barato.