Ya lo decía Brigitte Baptiste, directora del Humboldt, en su columna en revista Semana, edición, 2016/06/14, titulada jóvenes de ambiente, “Institucionalizar el descontento juvenil es una estrategia política ambigua, por cuanto representa un proceso de construcción cultural muy impredecible”, y a mi juicio resulta más que ambiguo, por cuanto, la dinámica del proceso de descontento desencadenado por la expresión juvenil en ámbitos precisos, ligados a los aumentos de la degradación ambiental, los efectos del cambio climático, la desforestación, el retroceso de los páramos y el desabastecimiento del agua, pueden ser fácilmente domesticado por la perspectiva de un sofisma en donde rigen esquemas aupados por un discurso democrático y de empoderamiento, pero reducido por la realidad que impone el formalismo de la acción institucional, muchas veces responsable de las problemáticas de insostenibilidad y afectación ambiental más grave.
Es lo que sucede con la red de jóvenes de ambiente y su estructura organizacional, ligada de facto a la actividad de las Corporaciones Autónomas Regionales, estas últimas envueltas en muchos casos en prácticas donde han imperado fenómenos complejos de corrupción, como se evidencia en Corpamag, entidad que según la Contraloría General de la Nación, “ ha efectuado pagos irregulares ¨, “ ha evidenciado deficiencias en la supervisión contractual ”, “ ha ostentado falencias en los procesos administrativos sancionatorios ” y “ ha fomentado irregularidades en las generaciones de facturas desconociendo la denominación del régimen al que pertenecen ”. Estas prácticas trascienden y alcanzan el marco institucional y producen su influjo muchas veces, en iniciativas como la Red de Jóvenes Ambiente, generando por vía de corrupción, conductas discriminatorias que resultan inquietantes y que se dan como respuestas a la negación de la domesticación y a la no aceptación de los conductos de la formalidad institucional, lo que crea tensiones entre el descontento y el afán de esquematizarlo. Me explico, Corpamag ejerce supervisión a los nodos de la red de jóvenes ambiente en magdalena. Pese a que esta organización, insiste en que es un órgano autónomo sin injerencia, quien soporta los apoyos logísticos de ella, es la corporación. La dependencia económica, genera dependencia política. Corpamag dinamiza su plan de acción institucional, utilizando un grupo de voluntarios de esta red en labores como las jornadas de limpiezas, en un criterio vertical y claramente esquematizado. También ordena a quien se expulsa y quien se queda, acudiendo a la discriminación. Mientras tanto a nombre de esta red, Corpamag, destina veinte y siete millones en un contrato para crear nodos y discriminar. Algo insensato. No es necesario pagar tanto para llevar a cabo la creación de un nodo, porque este se puede hacer por voluntarismo, de manera fácil y ligera. Aquí puede advertirse un presunto detrimento patrimonial y algo más absurdo: ese dinero podría haberse utilizado para reforestar o generar sensibilización con comunidades específicas. Los jóvenes de esto no pueden saber nada, ellos solo deben obedecer y recoger basura, la domesticación debe ser equilibrada y de los contratos no se puede hablar, el asunto y a los jóvenes con estatus de población víctima, lo que se vuelve reprochable y si también se configura un peculado por aplicación oficial diferente, ¿qué sucedería a los jóvenes en Magdalena?, nunca les toca.