La presencia de las FARC-EP en el corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, en La Guajira, ha causado un revuelo nacional como hace un buen tiempo no se veía. Distintos argumentos han servido para avivar las llamas del rencor y la animadversión por este grupo armado.
Lo que inició como un descontento de parte de algunos sectores, por la presencia de algunos miembros del equipo negociador de esta insurgencia en la Mesa de La Habana, acompañados de milicianos armados, ha sido reforzada en los últimos días por la denuncia de la Defensoría del Pueblo, sobre la presunta presencia de guerrilleros armados en un colegio de la zona en mención.La consideración más sólida para condenar el hecho, es que con esto las FARC-EP han violado nuevamente el Derecho Internacional Humanitario. Sorprende la indignación generada en este organismo, pues no ha reaccionado de igual forma cuando numerosas veces en este país el Ejército, la Policía y los grupos paramilitares azuzados por el Estado y la clase política, han violado el derecho de Ginebra.
O puede ser que el pronunciamiento del organismo, por fin haya sido captado por los medios masivos de Colombia, quienes han pasado por alto otras denuncias, no menos graves, sobre infracciones de este tipo. Tomaría bastante trabajo enumerar aquí las violaciones provocadas por esta tríada de violencia institucional, entre los que se incluyen bastantes crímenes de lesa humanidad tipificados en el DIH; entonces sólo basta resaltar el ejemplo instructivo: de los 16.340 asesinatos selectivos registrados entre 1981 y 2012, los paramilitares fueron responsables del 38,4 %, los grupos armados no identificados del 27,7 %, la fuerza pública del 10,1 %, y la alianza entre la ultraderecha armada y los cuerpos de seguridad del Estado del 0,4 %. Las guerrillas apenas un 16%, según el informe ¡‘Basta Ya!’ del Centro Nacional de Memoria Histórica. Además, cabe agregar que en estos asesinatos, la gran mayoría de víctimas eran población civil, una clara violación a las normas de la Convención de Ginebra.Por ello, se queda más o menos sin piso la irritación de la institucionalidad, la clase política y la opinión creada por los medios de comunicación. En vez de considerar el gesto político de los representantes de la guerrilla, de haber visitado una población olvidada por el Estado, para hacer pedagogía de paz, hablar con la población y empezar a acercarse en una tónica para nada bélica a los civiles, los airados voceros han observado el hecho como una provocación y un insulto.
Si los dirigentes de las FARC-EP, entre los que se encontraba el Jefe de la delegación, Iván Márquez, hicieron presencia escoltados en el corregimiento, es precisamente porque no existen hasta ahora garantías para que anden sin seguridad por el país. Márquez, cuyo nombre de pila y con el que fue conocido como representante a la cámara por la Unión Patriótica es Luciano Marín, sabe muy bien los riesgos que es pasar de ser insurgente a líder civil en Colombia.Por: Sebastian Herrera
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