La urgencia del gobierno de reformar la ley de distribución de regalías en el país que hoy beneficia prioritariamente a los territorios productores de recursos naturales, muchos de ellos no renovables, tiene un trasfondo muy diferente al del principio de la equidad para todos los territorios nacionales, productores y no productores,
que garantice una justa participación en la solución a problemas de necesidades básicas insatisfechas en todo el territorio colombiano y no solamente en las regiones productoras de estas riquezas, como ha sido hasta hoy.
Recordemos muy bien que para el gobierno nacional la equidad con relación a la participación de estos territorios en los programas y proyectos de desarrollo socioeconómico emanados del nivel central nunca existió hasta ahora, así como tampoco el nombre en particular de La Guajira en sus prioridades de inversión en aras de apoyar proyectos orientados a ayudarnos a salir del ostracismo económico y social en que nos encontramos estancados desde mucho tiempo atrás.
Ahora, cuando se anuncia una supuesta bonanza en el mercado minero energético del cual somos participes preponderantes, lo que significaría un importante incremento en regalías que podrían, bien invertidas, generar las bases de un desarrollo integral del departamento que nos permita entrar a generar actividades económicas productivas competitivas y fuentes de empleo urgentes, el alto gobierno esgrime el principio de la equidad en participación de recursos ahora sí, DE LA NACION, frutos de la explotación del subsuelo DE LA NACION, ya no de los territorios donde están los yacimientos y a los que la actual legislación les permite una participación privilegiada por ser productores, para imponer lo cual, es necesario reformar esta norma jurídica y por ello echa mano de la famosa UNIDAD NACIONAL que no es otra cosa que las mayorías en el Congreso de La República con las cuales el anterior y el actual gobierno intentan doblegar la Carta Magna y convertirla en un juguete al servicio de sus intereses ocasionales, recordemos la reelección presidencialista que en buena hora fracasó ante el rechazo de los juristas de conciencia que aún quedan en el país.
Es interesante observar cómo la Dirección Nacional de Planeación, Los Ministerios de Minas y de Hacienda y Crédito Público, Las mayorías del Congreso y algunos líderes regionales de territorios no productores de recursos minero energéticos aúnan sus voces para clamar por esta cacareada y oportunísima “ Equidad”; muchos de ellos apoyaron al anterior gobierno en su insana decisión de exonerar del pago de impuestos a empresas transnacionales por “sugerencia” del Fondo Monetario Internacional, llevando al país a dejar de percibir la bicoca de treinta y dos billones de pesos anuales por ese concepto, para convertir a Colombia en “atractiva” para la inversión extranjera, no importándoles el déficit fiscal equivalente que generaría esta decisión, ese tremendo “hueco” fiscal que hoy quieren “tapar” a como dé lugar, para lo cual están orquestando toda esta parafernalia de reforma a la Ley de distribución de Recursos de Regalías que les permita entrar a administrar directamente estos dineros y tratar así de enmendar tamaño esperpento tributario.
Así, somos nosotros, los territorios más oprimidos, los que vamos a terminar pagando los recursos que dejan de asumir en impuestos las grandes transnacionales que operan en Colombia, y aun tenemos que aceptarles a sus altos dignatarios que se permitan el lujo de afirmar que las Regalías, ese “obsequio” tipo “limosna” que nos permiten después de deducir su inversión y sus jugosas ganancias, son sujeto de robo por parte de nuestros gobernantes locales, y ¿Cómo llamaríamos a esa actitud de estas empresas al manipular a los altos funcionarios del gobierno para ser exonerados de pagar impuestos que generan los recursos para la Salud, la Educación, el Saneamiento básico y otros programas de trascendental importancia para el pueblo Colombiano?.
Escuché por la radio que las transnacionales explotadoras de recursos naturales en la región no tienen la obligación de financiar los proyectos que son de competencia del estado, pero, si ellas evaden el pago de sus obligaciones tributarias con artimañas e irregularidades como las excepciones de las que hoy gozan y que significan nuestra salud, nuestra educación y nuestro nivel de calidad de vida, ¿Con que recursos va el estado a financiar estas obligaciones, si ustedes, no contentos con sus jugosas ganancias, se los llevan también?