Escrito por:
María Padilla Berrío
Columna: Opinión
e-mail: majipabe@hotmail.com
Twitter: @MaJiPaBe
Estudió economía en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se encuentra terminando sus estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia. Nacida en Riohacha, radicada en Medellín. Ha realizado varias investigaciones académicas con la Universidad Nacional y se ha desempeñado como ponente en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional. En la actualidad es dependiente judicial y dirige el cine club de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
¿Alguien conoce las propuestas en materia educativa de los candidatos presidenciales? ¿Qué tal la política de empleo, salud y justicia?, por decir lo menos. Es más, ¿alguien es consciente de cuántos candidatos son y del trayecto de cada uno? Y las preguntas son válidas porque la sensación, tanto en los medios de comunicación como en los sondeos que "a vuelo de pájaro" se pueden hacer en la población, es que solamente se sabe de la existencia de Santos y Zuluaga, y que la única propuesta se relaciona con las Farc.
Pero bueno, es entendible que estemos a la expectativa de las Farc, llevamos más de medio siglo con ese cáncer que ni ellos mismos saben ya qué tan terminal es, ni para quién es letal. Está clarísimo que no son ningún "Ejército del Pueblo", como insinúa la escueta "EP" que le agregaron a la consigna "Farc", ni que luchan por la "justicia social", son unos aspirantes más al poder, calculadores como cualquiera de los políticos que nos ha tocado, o que hemos escogido, más bien.
Sin embargo, pese a los amores y desamores del país respecto a las Farc, hay algo muy cierto en medio de todo: las Farc eligen presidentes. Para no ir muy lejos, y para mostrar los casos más concretos y directos, desde 1998 las Farc están montando y desmontando presidentes, izando banderas de guerra y paz y, como si fuera poco, al final de la jornada, después de jugar a héroes y villanos, pretenden ser recibidos como héroes de la patria, como dignas personalidades.
Los colombianos, cansados de la cárcel de miedo en que estaba convertido el país durante el famoso Caguán, después de constatar que estábamos sitiados y que andar por carreteras era sumamente peligroso, montaron a quien ocho años después, luego de pasar por encima del bien y del mal, regresó un parte de tranquilidad a las carreteras, aunque ahora las sitiadas fueran las ciudades, aunque los desplazados y falsos positivos representaran gran parte de la sociedad y que, después de persecuciones, expiaciones e intimidaciones, cualquiera que se atreviera a contradecir al jefe de Estado fuera señalado de amigo del terrorismo.
Es cierto que gran parte de las vías se recuperaron, es cierto que muchas zonas asediadas por las guerrillas fueron rescatadas, pero también es cierto que el costo fue muy alto. La institucionalidad del país se resquebrajó, prácticamente el fin justificó los medios, no importó el cómo, solamente el qué, indistintamente de cuántos inocentes cayeron en la mitad. Pero todo ello lo legitimó el pueblo en las urnas y el anhelo de tener a las Farc fuera de contienda cegó a los electores de tal manera que no importaron los demás temas.
Por ello, ante un pulso tenue entre un Serpa desgastado y una Noemí intermitente, un Uribe Vélez se abrió camino en 2002 ante la indignación de un pueblo que veía cómo su país se iba al abismo a manos de un grupo de incoherentes que decían defender la sociedad y se untaban las manos de la sangre de civiles.
No obstante, pese a la legitimación del pueblo al "todo vale", creo que es hora de hacer una pausa y reflexionar si realmente "todo vale". El vídeo que nos entregó la revista semana el sábado pasado, a escasos ocho días de las elecciones, donde se dilucida un candidato presidencial conspirando contra el gobierno, contra el mismo país que él aspira gobernar, raya en las obsesiones y hasta en la delincuencia. ¿Con qué autoridad moral va a hablar de legalidad y transparencia quien atenta contra ello?
Por ahora, más allá de las convicciones de si le parece bien o no un proceso de paz con las Farc, las actuaciones de Zuluaga deberán tener consecuencias jurídicas, pues, no se trata de diferencias ideológicas, se trata de la configuración de delitos que Colombia debe condenar y castigar. Las Farc, por su parte, si tanto claman por la paz, deberían entender de una vez por todas que lo que necesita Colombia, más que un apretón de manos, es un compromiso serio y una política coherente y que, lejos de ser la piedra en el zapato del gobierno, son los que alimentan las filas de quienes se empeñan en la guerra.