Escrito por:
María Padilla Berrío
Columna: Opinión
e-mail: majipabe@hotmail.com
Twitter: @MaJiPaBe
Estudió economía en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se encuentra terminando sus estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia. Nacida en Riohacha, radicada en Medellín. Ha realizado varias investigaciones académicas con la Universidad Nacional y se ha desempeñado como ponente en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional. En la actualidad es dependiente judicial y dirige el cine club de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
En materia penal, hablando sobre trastornos siquiátricos y sustancias psicoactivas, en medio de la relevancia que tienen los comportamientos humanos y sus consecuencias cuando de imputar delitos se trata, en medio de temas más psiquiátricos que jurídicos, como la sicosis por cocaína, demencia por alcohol o los trastornos por esquizofrenia; se advierte con horror que, lejos de ser un acto con uso de facultades plenas, tiene consecuencias que trascienden más allá de cualquier análisis sicótico donde, luego de hacer una evaluación de las condiciones en las que el victimario comete su acto, se llega a un callejón sin salida en el que, efectivamente la persona cometió alguna barbaridad, causó un daño, pero es inimputable.
El tema de la inimputabilidad siempre me ha causado ese no sé qué en el que termino ante situaciones en las que me abstengo de sentar una posición, pues, desde el punto de vista que se mire siempre habrán argumentos reprochables y absolutorios. Mi problema con los delitos, las imputaciones y la culpabilidad siempre ha girado en torno a un abrumador silencio, pues, en medio de teorías, plausibles y coherentes muchas, del garantismo penal y otros temas espinosos, siempre será complejo señalar y sentar una posición final sin que quede alguna inquietud.
Cuando se exponen las garantías, los principios y máximas de "mayor favorabilidad" que terminan por beneficiar al indiciado ("sospechoso"), la sensación, depende de donde se mire, puede ser de alivio o de indignación. Si nos planteamos el escenario en que, por muy sospechoso que sea el indiciado, deberá surtirse un debido proceso y llegarse a la "certeza" y el "convencimiento" de estarle imputando actos que efectivamente realizó a fin de evitar enviar inocentes a la cárcel, seguramente el tema de las garantías nos parezca fenomenal. Y la razón de tanto formalismo radica justamente en evitar cometer errores con inocentes (aunque de todas formas se cometen).
Y es que en teoría es muy fácil defender todo. En algunas discusiones que he sostenido siempre hago la reflexión del facilista, el que ante un asunto sumamente complejo no es capaz de tomar partido. Y es que si estamos hablando del lado de la teoría será muy sencillo defender los derechos del vicitimario, e invocar las garantías. Pero si, en vez de ello, algún día (y nadie esperaría llegar a encontrarse en esa posición) nos encontramos en el banquillo de las víctimas, seguramente el discurso garantista nos va a sonar despiadado, absurdo e injusto.
¿Y qué tal que el indiciado fuera usted y estuvieran imputándole cosas de más? ¿Le gustaría que no lo escucharan? ¿Y qué tal que el indiciado fuera el asesino de su mamá? ¿Le gustaría que lo escucharan? Así, de una parte y de otra, en medio de esas teorías en las cuales siempre hay que garantizar los derechos del agresor, vale una pregunta: "¡¿Qué garantías le dio ese agresor a su víctima en el momento de acometer el daño?!" Y volvemos al principio. ¿Quién se atreve, o más bien, puede ser objetivo? Yo por mi parte, por respeto a quienes viven sus propios dramas, me abstengo de fijar una posición.
Este asunto, que reviste una encrucijada humana frente a las víctimas, la sociedad y el Estado, plantea el escenario más primitivo del ser humano, donde cada acto conlleva una consecuencia y, luego de un daño, alguien tiene que pagar. Es esto lo que sucede ahora mismo con quien está señalado de ser el agresor de una mujer quemada por ácido. El indiciado, ahora mismo, en el banquillo de los acusados, enfrenta cargos hasta por tentativa de homicidio.
Ahora, llama la atención que el capturado tenga un historial de esquizofrenia y que, ante ello, por la justa indignación de los actos cometidos, todos apunten hacia el mismo lado, hablando en términos de imputación a sabiendas que, la esquizofrenia, por muy cómica que suene la palabra, es de las enfermedades mentales más inmanejables que existen, de esas que muchos preferiríamos la muerte antes de padecerla, porque ni los mismos expertos tienen claridad respecto a su tratamiento.
Y es aquí donde comienza el drama del que les hablé al principio, pues, en caso de establecerse: ¿Quién le explica a la víctima que su agresor estaba bajo un trastorno psiquiátrico? Ya lo otro sería determinar si al momento de la consumación estaba bajo un estado lúcido o en medio de una crisis de esquizofrenia, algo sumamente complejo de establecer con certeza.