¿No más balcón?

Comencemos por decir, entre otras cosas que, si bien el Procurador es un funcionario que no se elige por voto popular de manera directa, está facultado, constitucionalmente hablando, para destituir un gobernante elegido democráticamente, nada que hacer. Decir lo contrario es desconocer el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución, y eso sería gravísimo para un país donde la Carta Magna es norma de normas, es decir, está por encima de todo el ordenamiento jurídico.

Por descuido o por inocencia, nuestros constituyentes de 1991, en medio de la emoción de estar escribiendo la Carta Política de un país que se encontraba al borde del abismo, se centraron más en el control político y los derechos sociales, sin advertir, quizás, que con dicha facultad podían estar dándole super poderes a un solo funcionario. Sin embargo, también es cierto que alguien debe investigarlos, la pregunta es ¿quién?

Y es preocupante, pues, si uno de los descontentos más grandes radica en el origen del cargo para poder investigar, entonces ¿quién ejercerá control sobre los elegidos popularmente? Lo más sensato es que sea alguien de elección popular, pero la pregunta sigue vigente: ¿quién? Para nadie es un secreto que muchos, para no decir todos, logran salir electos cobrando favores y comprometiéndose a darlos en un futuro, lo que nos dejaría sin asidero y se prestaría para seguir omitiendo y persiguiendo por conveniencia, al viejo estilo del actual Procurador.

Ahora, indistintamente de las facultades otorgadas al Procurador por la Constitución y los desmanes que haya podido cometer, el derecho que tiene el pueblo a "reunirse y manifestarse pública y pacíficamente" también es constitucional, nos guste o no, está contenido en el artículo 37 de la Carta Magna. En el mismo sentido, la inconformidad que ha generado en algunos sectores el hecho de que, ante la destitución anunciada por el Jefe del Ministerio Público al Alcalde de los bogotanos, muchas personas se volcaran, y se prestaran, para la oleada de tutelas contra dicho acto, nos guste o no, también es constitucional: artículo 23.

De lo anterior, entonces, es apenas entendible que, si bien muchos no están de acuerdo con la facultad del Procurador, hay que respetarla. De igual manera, las movilizaciones que se han hecho en contra del ejercicio de dicha facultad también deben respetarse. No es posible que se llegue a tildar de "populista" a un gobernante por convocar al pueblo que lo eligió a que lo apoye para mantenerse. A todas estas, el pueblo es el que tiene la última palabra, si el pueblo lo eligió, que lo saque entonces, eso tendrá que ratificarse en las urnas en el próximo mes de Marzo.

Ahora, si no es mediante movilizaciones, entonces ¿cómo? ¿Vía papeles que vienen y van? Eso no es suficiente en un país donde las garantías administrativas son mínimas. Sin el ánimo de manifestar si respaldo o no a Petro, creo que ante todo debemos procurar la imparcialidad que, aunque no la logramos cabalmente, por lo menos debemos intentarla. Por ello, pese a que nos incomoden muchas cosas, debemos saber respetar los derechos de los demás.

Seguramente, si Petro no hubiera armado su escándalo al mejor estilo de mártir de la patria, hace rato hubiera sido retirado del cargo, a la espera de algún fallo futuro donde, quizás, luego de estudiar detenidamente su caso, le digan que sí cometieron una injusticia, pero que como ya el periodo que correspondía a su mandato había expirado, no podía regresar al cargo, nada que hacer. A muchos funcionarios les ha pasado, Petro no iba a ser ni el primero ni el último. Por ello, porque tenemos derecho a escuchar y ser escuchados, el balcón del Palacio Liévano seguirá defendiéndose mientras conserve el tinte pacifista que hasta ahora lo ha caracterizado.