En el ejercicio de mi profesión como asesor y consultor en banca de fomento agropecuario, me toca ver muchos sueños y proyectos productivos truncados en varias zonas rurales del paìs por el ineficiente manejo de quienes operan el politizado sistema de financiamiento agrícola.
Para ponerlos en contexto, en Colombia, existe desde 1990, un Sistema de Crédito Agropecuario, al que le crearon un banco de segundo piso llamado Finagro, con el fin de fondear recursos de crédito barato a pequeños y medianos productores del campo a través de la banca. Adicionalmente, se creó un Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), para respaldarles hasta en un 80% el valor de sus créditos. Posteriormente, se gestó un sistema de seguro agrario para garantizarles sus rentas ante cualquier riesgo climático. El Estado, les subsidia hasta el 70% del costo de la póliza a través de Finagro.
A manera de ejemplo. Si un campesino solicita un crédito de 25 millones de pesos, que escasamente alcanzan para sembrar una hectárea de papa, cuatro de maíz, cinco de yuca o comprar 5 novillas preñadas, la tasa de interés máxima que le puede cobrar el banco es DTF+7%; el FAG le respalda hasta el 80% de la deuda ante el banco y la póliza de seguros contra riesgos climáticos le sirve para cubrir el 20% restante de la garantía del crédito. Si el flujo de caja del proyecto productivo es positivo y el productor tiene un contrato a futuro de venta de su producción, no existe ningún riesgo para la banca ni excusa para no aprobarlo.
A pesar de contar con este sistema de crédito agropecuario, los resultados de gestión de la Comisión Nacional de Crédito, Finagro y el Banco Agrario, han sido bastante deficientes durante estos 30 años de operación. Revisando las estadísticas de Finagro, encontré que, de 231.000 operaciones de créditos realizadas en 1991, pasaron a 468.000 operaciones en 2021, lo que representa un crecimiento por año de 7.900 operaciones de crédito. A este ritmo van a necesitar 67 años para bancarizar siquiera un millón de productores de tres millones que producen alimentos en las zonas rurales del país. Un reciente informe de Asobancaria, muestra que los créditos destinados al sector agropecuario solo representan el 2.6% del total de la distribución de la cartera comercial, mientras que los resultados del Censo Nacional Agropecuario, revelaron que el 89% de los productores del campo no accedían a crédito.
Lo más lamentable de esta penosa gestión, es que descubrí que en Finagro, vienen operando desde el 2019, un sistema de microcrédito rural con el banco Agrario y otras entidades financieras, por donde colocaron más de $ 548.000 millones a más de 265.000 inocentes microempresarios rurales del país, con tasas de interés entre el 28% y 44% efectivo anual, cuando pudieron financiarlos a través de Líneas Especiales de Crédito (LEC) que Finagro dispone para pequeños productores con tasas de interés que no superan el 10% efectivo anual. Ese mismo año, le regalaron $10.000 millones en subsidios de tasa de interés a un grupito de grandes importadores de materias primas a través del cuestionado programa “Colombia Agro Produce”. Las injusticias sociales de la politiquería. Continuará…