El pasado miércoles, en el marco de la XXIII Feria de Agroexpo en Bogotá, tuve la oportunidad de participar en el acto de reconfirmación de la gran alianza entre la industria de alimentos balanceados y los agricultores de maíz y soja del país, agremiados en la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Fenalce.
Esta iniciativa, que fue ideada por los patriarcas de la industria antioqueña, Manuel Santiago Mejía, Luis Carlos Uribe, Carlos Mesa, Jorge Alberto Vélez y el veterano consultor agrícola Diego Miguel Sierra, logró en un primer piloto de prueba la siembra de 45.000 hectáreas de maíz amarillo tecnificado con agricultores del departamento de Córdoba y otras regiones del país. Con este modelo asociativo, otro patriarca del agro, el exministro de Agricultura Carlos Murgas, consiguió que se fomentara la siembra de más de 180.000 hectáreas de palma de aceite en varias regiones del país, entre los años 2000-2010.
Claramente, estos esquemas de núcleos agroindustriales requieren del acompañamiento del Estado, por tratarse de inversiones en zonas rurales a cielo abierto. Por ello, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conjuntamente con Finagro y la Bolsa Mercantil de Colombia, diseñaron e implementaron un esquema de financiamiento con respaldo estatal a través del Fondo Agropecuario de Garantías -FAG- mediante una línea de crédito que le permite a la industria acceder a un préstamo bancario con tasa de interés subsidiada para luego trasladar esos recursos a manera de anticipos a los agricultores que han suscrito un contrato forward debidamente registrado en la Bolsa Mercantil de Colombia.
Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura pone a disposición de los agricultores un seguro agrícola y un mecanismo de cobertura de precios subsidiado para ayudar a proteger las rentas de los agricultores. Con este modelo de alianza productiva, la industria de alimentos balanceados y los agricultores podrán sembrar el año entrante unas 500.000 hectáreas tecnificadas entre maíz amarillo, soja, sorgo, frijol y yuca, para comenzar a suplir parte de la demanda interna de materias primas que se requiere para producir 14.000 millones de huevos, 1.7 millones de toneladas de carne de pollo y 500.000 de cerdo.
Sin duda alguna, esta es una excelente oportunidad que tiene el Gobierno nacional para reactivar la economía y generar miles de empleos en las zonas agrícolas de departamentos como Córdoba, Sucre, Cesar, Meta, Valle, Huila y Tolima, donde las condiciones agroecológicas son favorables a las nuevas variedades de semillas genéticamente mejoradas. Como también, la mejor coyuntura que tienen los empresarios del campo para desarrollar un negocio rentable aprovechando el microciclo de precios elevados de los commodities agrícolas y los altos costos de importación.
Haciendo un cálculo a vuelo de pájaro. El costo de importación de una tonelada de maíz amarillo desde los Estados Unidos o Argentina está alrededor de $1.250.000. Con este precio, un agricultor nuestro que siembre 100 hectáreas, con una inversión de $600 millones y una producción de 700 toneladas/hectárea, puede obtener una utilidad neta de $ 275 millones en 145 días. En el segundo semestre puede rotar su inversión en cultivos de soja, sorgo o algodón con rentabilidades iguales o mejores. El agro volvió a ser un buen negocio.