Antes de suscribirse el TLC entre Colombia y los Estados Unidos en el año 2012, las partes acordaron establecer unos cupos de importación graduales en los primeros años, mientras el gobierno y los gremios de la producción agropecuaria lograban impulsar la productividad y competitividad de nuestros productores.
Uno de los sectores favorecido con este periodo de gracia comercial (limitación de contingentes de importación con aranceles bajos) fue el arrocero, al cual, además, se le favoreció con un esquema de recaudo arancelario a través de unos procesos de subastas de importación (ETC Col-Rice, por sus siglas en inglés) administradas por el representante de los arroceros de Estados Unidos, y del lado de Colombia, por Fedearroz. El recaudo de ese peaje arancelario durante estos siete años ha sido alrededor de unos USD 140 millones, los cuales a Fedearroz le correspondieron el 50%.
Con esos recursos (UDS 70 millones), Fedearroz debía cerrar las brechas del eslabón primario en términos de costos de producción, productividad, investigación genética, transferencia de tecnologías e infraestructura de riego, para que los casi 17.000 arroceros del país pudieran tener los rendimientos y costos por hectáreas iguales a los de sus competidores de Estados Unidos y Suramérica.
No voy a entrar a cuestionar la ejecución de los millonarios recursos que ha recibido Fedearroz durante estos siete años, ese es un corte de cuentas que deben realizar el ministerio de Agricultura, la Contraloría General de la República y las comisiones Quinta de Cámara y Senado. El propósito de esta columna es analizar que ha pasado durante estos años en materia de productividad, rentabilidad y competitividad en el sector arrocero.
Mirando las cifras oficiales, lo primero que uno se encuentra es que el TLC con los Estados Unidos, fue un tremendo negocio para los productores americanos y Fedearroz, y un pésimo negocio para nuestros productores de arroz. En el año 2011, antes de entrar en vigencia el TLC, Colombia importó alrededor de 52.000 toneladas de arroz, desde el 2012 para acá, se han importado en promedio unas 246.000 toneladas anuales.
Mientras los productores americanos, uruguayos y peruanos, entre otros, superan las 8 toneladas por hectárea, los de Casanare, Meta, Bajo Cauca y Costa Norte (donde se cultiva el 62% del arroz del país), no han podido superar un rendimiento de 5.4 toneladas por hectárea, por la incapacidad de los arroceros de acceder a insumos y nuevas biotecnologías y la ausencia de un programa de formación en buenas prácticas agrícolas que mejoren su productividad. En materia de costos de producción la brecha es aún más grande por causa de los altos costos de la tierra (el 65% del arroz en Colombia se cultiva en predios arrendados), las altas tarifas del agua y el alto costo financiero.
Es inaudito, que, con un dólar a $ 3.200, salga más barato traer una tonelada de arroz desde Arkansas (EE. UU) hasta Barranquilla, que traerla de cualquiera de los 11 municipios arroceros de la región de la Mojana.
Claramente, el sector arrocero colombiano necesita urgentemente un cambio estructural en su modelo productivo para poder cerrar esta brecha tan grande de falta de productividad. Ojalá comiencen ya.