En el momento que escribo esta columna, el Congreso de la República, ha aprobado en primer debate el proyecto de Ley de Financiamiento con un recaudo de $ 6.8 billones de pesos de los 14 billones que el gobierno requiere para completar la financiación del Presupuesto General de la Nación del 2019.
Con esa trasquilada que le pegaron a esta ley, no queda otro remedio que optimizar los $ 258.9 billones del presupuesto del año entrante, para que el gobierno pueda cumplir su meta de crecimiento económico y social. Cosa que veo difícil, porque no se le redujo la carga tributaria a las empresas que son el motor del crecimiento de la economía del país y se incrementó el presupuesto en un 10.6% con un crecimiento esperado del PIB del 3.4%. Con este desequilibrio fiscal, al presidente Duque, no le queda otro camino que el de controlar el contrabando y la evasión, y recortar por los menos en un 3.5% el presupuesto del gasto de funcionamiento, lo cual le representa un ahorro de 5.6 billones de pesos al año.
Otra medida necesaria es la reducción del gasto de personal. No hay derecho que hayan destinado más de 31 billones de pesos para este rubro el año entrante. Demasiada burocracia para un Estado tan ineficiente. Ni que hablar de los exagerados recursos que destinaron para el posconflicto. Está saliendo más caro que el conflicto. Los programas de atención de víctimas, reinserción y erradicación de cultivos ilícitos, requieren urgente una reestructuración para mejorar los resultados de gestión. Hay que ponerle un tapón a ese barril sin fondo.
Otra manera de hacer rendir los escasos recursos públicos, es fusionando las entidades que tengan roles similares y vender una participación accionaria de aquellas que requieran una capitalización para mejorar su eficiencia. En el ministerio de Agricultura, por ejemplo, se debe fusionar la Agencia Nacional de Tierras con la Unidad de Restitución de Tierras y unificar la Agencia de Desarrollo Rural con la Agencia de Renovación del Territorio. Otra alternativa es la venta de un porcentaje de las acciones del Banco Agrario. Y ojalá lo hagan rápido porque va en picada. En cuatro años redujo su participación del 24% al 19% en las colocaciones de crédito al sector agropecuario e incrementó la cartera vencida por encima del 9%.
Tampoco tiene justificación alguna destinar un presupuesto adicional de 11.7 billones de pesos para inclusión social y reconciliación, cuando estos programas de acceso a sistema educativo y de salud, garantía de trabajo y de una vivienda digna, deberían estar incorporados en los presupuestos de cada cartera. Asimismo, debe liquidarse el cuestionado Fondo de Adaptación, reestructurar las politizadas Corporaciones Autónoma Regionales que nos cuestan en promedio $3.500 millones anuales cada una y reducirle el presupuesto a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Si estamos viviendo en un país en paz, no tiene sentido destinar 712.811 millones de pesos al año en seguridad de funcionarios públicos.
Ministro Carrasquilla, lo que hay es tela de donde cortar. Como dijo el presidente Duque “No es gastar más ni menos, es gastar bien” e invertir bien para optimizar los recurso públicos.