Comentaba en una de mis columnas, la necesidad de revisar y reorientar los subsidios y ayudas al sector agropecuario, para poder lograr algún crecimiento en la productividad y competitividad de nuestro sector agropecuario.
De acuerdo a un reciente estudio de la FAO, sobre rendimientos por hectárea en 16 países de Centro y sur América, Colombia ocupa el puesto 11 en productividad arrocera, el 8º en café, el 7º en maíz y el 6º en yuca y papa. Acá viene la pregunta de del millón. ¿A dónde fueron a parar los $784.000 millones en Incentivo a la Capitalización Rural, los $280.000 millones que se han girado para asistencia técnica y los $58.000 millones para subsidiar la tasa de interés para compra de maquinaria agrícola y siembra de cultivos de ciclo corto en los últimos cuatro años?
Si analizamos el impacto de los incentivos forestales y de cobertura de riesgos climático, el desastre es peor. De acuerdo a las cifras de Finagro, en los últimos cuatro años se han girado $51.000 millones en subsidios para siembra de árboles, logrando tan solo la siembra de 51.000 nuevas hectáreas. Con el esquema de compensación forestal ganadera que estoy planteando al gobierno, no se requiere ese incentivo y se pueden sembrar 1.5 millones de hectáreas en un año, en los 514.000 predios ganaderos certificados por el ICA.
El programa de Seguro Agrario, también ha sido otro fiasco. En el último cuatrienio se han girado $157.000 millones en subsidios a las primas de los asegurados, pero sólo se ha podido asegurar un área inferior al 3% de la superficie agrícola cosechada en el país, mientras que las aseguradoras y reaseguradoras han tenido que pagar siniestros por un monto superior a los $262.000 millones.
Si el Gobierno y Fasecolda, se ponen de acuerdo y crean un solo administrador de los seguros agrarios, es decir, una Sociedad Anónima, con participación accionaria de todas las compañías de seguros del país, tal como funciona Agroseguros en España, podrían aumentar la cobertura del área asegurada y gestionar todo el sistema con sólo el 5% de las primas, algo que es absolutamente impensable para una aseguradora aislada.
Otros instrumentos que se volvieron perversos son el Programa Nacional de Reactivación Agropecuario –PRAN- y el Fondo de Solidaridad Agropecuaria - FONSA -, creados para atender las deudas de los productores afectados por siniestros climatológicos, fitosanitarios o sanitarios. Allí, las ayudas se entregan bajo criterios políticos y de forma arbitraria e injusta. No tienen en cuenta, por ejemplo, la buena gestión de unos frente a la mala gestión de otros: igualan a todos por abajo.
Lo ideal es crear un programa de normalización de pasivos financieros, para prevenir la siniestralidad de la cartera agropecuaria. Así, el gobierno sólo subsidia un porcentaje de las provisiones derivadas de las reestructuraciones de los créditos que tengan probabilidad de incurrir en un incumplimiento y que serían ampliados a dos o más años de plazo con un año de gracia. Esto le daría oxígeno a la caja de los productores afectados.
Si el gobierno no ajusta rápidamente estos instrumentos de ayuda al sector agropecuario, no vamos a poder ser competitivos.