El 20 de enero de 1961, John F. Kennedy, pronunció en la ceremonia de su envestidura como presidente de los Estados Unidos, uno de los grandes discursos de la historia de la humanidad.
Ayudemos a forjar una gran alianza pública-privada, para ayudar al gobierno del presidente Duque, a reactivar la economía, reducir la enorme brecha de pobreza y desigualdad que existe en nuestro país, vigilar el buen uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia de las entidades públicas y los programas de inversión social. Una coalición gobierno-ciudadanos, para enfrentar la agresión e intimidación de cualquier oposición irracional y subversiva, pero que también denuncie, exija remoción del cargo y aplique sanción social a los funcionarios involucrados en actos de corrupción.
Los colombianos no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que el presidente Duque y su equipo de colaboradores resuelvan todos los problemas de Colombia, en los primeros 100 días o en los cuatro años de su gobierno. No señores. Esta es una responsabilidad de todos los colombianos y por eso debemos participar en esta histórica alianza por Colombia, para que al menos ayudemos a construir con el gobierno entrante las bases sólidas que permitan edificar en las próximas décadas un mejor país.
Es decir, una nación, donde quepamos todos y se pueda garantizar una vida digna y fructífera a las futuras generaciones. Ya los gremios, varias organizaciones campesinas, sindicatos, empresarios y organismos multilaterales se montaron en esta gran empresa que según la reciente encuesta de Gallup, comienza con un excelente optimismo del 56% por parte los colombianos. Necesitamos que el 44% restante se una a esta gran alianza por Colombia.
Y como decía Kennedy, al final de su discurso “Si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, no podrá salvar a los pocos que son ricos”. Al menos, intentémoslo. En el tintero. Es una indelicadeza con el gobierno entrante, la maratón de contratos que se están firmando a las carreras y con vigencias futuras en las distintas entidades públicas del gobierno saliente. Y peor aún, en aquellas, donde sus titulares son futuros candidatos a gobernaciones y alcaldías en sus regiones. La Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, deberían tomar cartas en este asunto.