Se ha vuelto costumbre en este país, que las compañías extranjeras se pasen por la faja nuestras leyes, desacaten las decisiones de nuestras autoridades y atropellen a nuestros ciudadanos y empresarios, sin que nadie diga o alga algo.
El abuso de poder y la burla de Electricaribe contra los 11 millones de costeños, es apena uno de los tantos casos de abuso que se presentan en el país por parte de estas multinacionales. Sólo falta que anuncien un racionamiento de energía para diciembre y año nuevo como regalo anticipado de navidad. Mientras tanto, el ministro de Minas y Energía, los miembros de la CREE y el Superintendente de Servicios Públicos, siguen sin encontrar una solución a este problema. ¡Qué impotencia!
Es sorprendente que en los seis años de Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ninguno de los ministros que han pasado por la cartera de Minas, haya hecho un mínimo esfuerzo por incentivar la generación de más energía en la Región Caribe, a través de combustibles fósiles, teniendo tanto carbón en la Guajira y el Cesar, yacimiento de gas natural en Sucre y una planta de regasificación en Cartagena. Ni siquiera fueron capaces de montar unas turbinas eólicas en la alta Guajira -donde pegan fuertes vientos durante todo el año-, para convertir esa energía cinética en energía eléctrica limpia.
Otra multinacional que le ha causado un atraso enorme al desarrollo comercial e industrial de Barranquilla y de la Región Caribe, es la empresa brasilera Odebrecht. Por culpa del escandalo de corrupción en su país, los bancos les cerraron los créditos y no pudieron completar la financiación (2.5 billones de pesos) del multimillonario proyecto de recuperación de la navegabilidad del rio Magdalena. Los otros perjudicados fueron los inversionistas locales (Navelena), a quienes les tocó poner la cara, asumir los sobre costos del proyecto y salir a buscar nuevos socios para salvar el contrato del rio Magdalena. Acá tampoco hubo control y vigilancia por parte de ninguna autoridad colombiana.
Otro caso de atropello por parte de estas multinacionales, fue el denunciado en diciembre del año pasado por el empresario costeño Carlos Mattos, contra Hyundai Motor Company, por haberle terminado el contrato de distribución de esos vehículos en Colombia sin previo aviso, después que Mattos, durante 23 años, posicionó a Hyundai entre las primeras cuatro marcas de ventas en Colombia, con más de 320.000 vehículos comercializados en ese periodo de tiempo y con un volumen de negocios superior a los US$ 4.000 millones, que le merecieron 11 reconocimientos y varios galardones como el mejor distribuidor de Latinoamérica y del Caribe.
Con la subida del dólar a $3.000, los vehículos empezaron a encarecerse y a venderse menos. Los coreanos en vez de compartir la reducción de los márgenes con su distribuidor colombiano, prefirieron buscar otro distribuidor que les presentara una mejor oferta, sin reconocerle al empresario Carlos Mattos, el posicionamiento que logró de su marca en el país, durante 23 años de trabajo. Afortunadamente, en este caso particular, los Juzgados, varios Tribunales Superiores y la Corte Suprema de Justicia, protegieron los derechos fundamentales del ciudadano colombiano.
Es hora, que las autoridades ponga freno a los abusos de las multinacionales.
ize:14.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"'>En otras palabras, el Estado para establecer un nuevo contrato social, a fin de superar la guerra, necesita de la justicia transicional. Un modelo negociado de justicia transicional necesita ser acordado, urgentemente, para alcanzar la paz porque la paz es el valor superior de toda sociedad civilizada y de la humanidad.
No dilatemos esta negociación. Abrir el corazón y el alma a la superación de la guerra no da espera. La paz no es materia de plebiscito ni de mayorías, la paz es todo.