Cada día que pasa, es más oscuro y desolador el futuro de este país. Las desacertadas, incoherentes y tardías decisiones del gobierno del presidente Santos en materia de seguridad y política económica, han destruido la poca confianza y el optimismo que nos quedaba a los colombianos.
No hay derecho pues! que después de siete días de secuestrada la periodista Salud Hernández y sus dos colegas, hayan tratado de ocultar o distraer a la opinión pública con la excusa que estaban haciendo un trabajo de campo, cuando sabemos que el campo colombiano -y esa zona del Catatumbo en particular-, es de pleno dominio de varios grupos guerrilleros, entre ellos, los que están sentados en la mesa de negociación del proceso de paz en la Habana.
Lo más vergonzoso de este lamentable suceso, es que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, no haya sido capaz de ejercer autoridad y control en esa zona del Catatumbo, y que el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper (el hijo del Secretario de Unasur), pretenda adjudicar ese corredor de narcotráfico a esos grupos guerrilleros bajo la figura de Zona de Reserva Campesina. Es decir, a medida que van expropiando a los empresarios que trabajan bajo la legalidad (caso Efromovich) van adjudicando tierras a los que están en la ilegalidad. Con estas censurables actuaciones, anticipo una estruendosa derrota en el plebiscito por la paz.
La incoherencia es otro de los pecados de este gobierno. Alardean ante el mundo sobre combatir la corrupción y al mismo tiempo negocian las tesorerías de las entidades públicas por votos en el Congreso de cuestionados políticos de la Unidad Nacional. Muchos analistas coinciden que el Congreso de la República dejó de ser un escenario de grandes debates para convertirse en un peaje burocrático.
No es coherente por ejemplo, que el Departamento Nacional de Planeación –DNP-haya contratado a un grupo de expertos -liderados por el ex ministro José Antonio Ocampo- para que delinearan una política de transformación rural incluyendo el diseño de una nueva institucionalidad que permitiera sacar el campo del abandono y el atraso en que se encuentra y en Palacio de Nariño hayan puesto en manos de unos recomendados políticos (sin idoneidad) dichas entidades. Es triste y lamentable que las recomendaciones de la Misión Rural hayan terminado en manos de unos políticos inexpertos y no en las manos de unos profesionales con experiencia y liderazgo en materia de política agropecuaria.
También es un gobierno de decisiones tardías. La muerte de cientos de niños en La Guajira por desnutrición, sigue sin resolver. Para colmo de males, nombraron a un gerente recomendado por el grupo político que se ha robado durante muchos años los dineros de los alimentos y la salud de los indígenas Wayuu.
Tampoco han podido resolver el problema de corrupción en el Programa de Alimentación Nacional –PAE- que gerencia la ministra de Educación, Gina Parody, quien en medio de la incapacidad e improvisación, quiso plagiarle a la senadora Sofía Gaviria, la propuesta de solución al fracasado sistema. Delito que tiene una pena de prisión de hasta dos años.
En la orientación de la política fiscal también hay varios desaciertos que ameritan otra columna.