No hay Congreso Agrario, donde no escuchemos quejas del sistema de financiamiento del sector agropecuario. Que los trámites son engorrosos, las tasas de interés son altas, los estudios de aprobación y desembolsos tremendamente demorados, poco peso de la financiación a largo plazo y garantías muy altas.
En mis años de experiencia -como funcionario y asesor en materia de crédito de fomento-, he podido comprobar que nuestra estructura de financiación agraria, a pesar de tener muchos vacíos, es adecuada a las necesidades de capital de trabajo e inversión de los empresarios y productores del campo. Creo que el problema ha sido más de gerencia que falta de líneas de créditos al sector.
Para ponerlos en contexto, en Colombia, el sector agrario se financia a través de la banca oficial (Banco Agrario) y las entidades financieras privadas representadas por los bancos, compañías, corporaciones y cooperativas de financiamiento. El Banco Agrario de Colombia, cuyo objeto principal es financiar las actividades relacionadas con el sector agropecuario, coloca en promedio unos 2.4 billones de pesos anuales, de 10 billones que tienen disponibles para prestar al sector.
Por su parte, la banca privada -por mandato de la Junta Directiva del Banco de la República-, invierte en Títulos de Desarrollo Agropecuario –TDA-, el 5.8 % de sus exigibilidades, equivalente a colocar unos 6 billones de pesos anuales en créditos a la agroindustria. De los 8.4 billones de pesos colocados al sector rural en el 2015, el 76 % fueron prestados por la banca privada y el 24 % por la banca oficial. Es decir, de los casi 20 billones de pesos que debieron colocarse para apalancar las inversiones que requirieron el sector agrario del país, sólo se colocó el 42 %. Me imagino que el resto se financió a través de las casas comerciales con unas tasas de interés altísimas.
Cuando revisamos las tasas de interés activas que cobran los establecimientos de crédito para prestamos que otorgan en cualquiera de sus modalidades (consumo, vivienda, vehículo, etc.,), las tasas aplicadas al sector agropecuario a través de Finagro (entre el 7 % y 13 % E.A) son las más bajas del mercado, sin embargo la mayoría de los productores prefieren pagar una mayor tasa interés a las casas comerciales, a cambio de menos tramites y agilidad en los desembolsos de los recursos. Otra opción de financiamiento, son los contratos forward de la Bolsa Mercantil de Colombia, para commodities de granos y algodón. Valdría la pena que los miembros de la Comisión Nacional de Crédito revisaran este asunto.
El crédito de fomento al sector agropecuario tiene además la gran ventaja de contar con un fiador estatal (Fondo Agropecuario de Garantías) que ampara hasta el 80 % de las deudas ante la banca, cuenta con un seguro contra riesgo climático subvencionado hasta en un 70 % por el Estado y unas líneas especiales de normalización de pasivos financieros en casos de problemas de flujo de caja por factores externos que afectan la rentabilidad de los agronegocios.
En 25 años de existencia, Finagro, ha jugado un papel fundamental en el impulso del sector agropecuario colombiano. Dios quiera que siga por ese buen camino.