El interventor acordó con los sindicatos establecer dos mesas técnicas para aumentar los ingresos de la empresa y reducir las pérdidas.
Edwin Palma, el nuevo agente interventor de Air-e, reveló que al menos 16 directivos de la empresa de energía reciben salarios de hasta $85 millones de mensuales. Estos descubrimientos fueron detectados en una auditoría inicial a la nómina de la compañía, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.
Tras este hallazgo, el agente interventor, Palma, anunció una reestructuración inmediata en los cargos directivos de Air-e. La propuesta incluye la eliminación de varias posiciones y la fusión de otras, con el fin de reducir el gasto administrativo y optimizar la gestión de la empresa, que se encarga de la distribución y comercialización de energía en la costa.
Los sindicatos de Air-e han expresado su respaldo a las medidas de Palma, especialmente en su intención de terminar con la privatización en el sector y mejorar las condiciones laborales. Los representantes sindicales también han solicitado una mejora en el servicio para los barrios con infraestructuras eléctricas deficientes, conocidos como barrios subnormales.
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Edwin Palma, acordó con los sindicatos establecer dos mesas técnicas para aumentar los ingresos de la empresa y reducir las pérdidas, así como para fortalecer la conexión con la ciudadanía. "Estamos revisando y tratando no solamente de normalizar esta situación, sino de disminuir estos gastos del primer nivel", afirmó, enfatizando la importancia de alinear la administración de Air-e con su realidad económica actual.
Frente a los reiterados señalamientos del gobierno por supuestas situaciones en la empresa del servicio de energía, Jaime Lombana, abogado de la compañía, ha expresado su rechazo y explicado que el agente interventor cuenta con todos los documentos que soportan la actuación legal de Air-e.
Entretanto, el Gobierno Nacional ha sido enfático en decir que esta intervención busca recuperar la confianza de los usuarios y mejorar la articulación con las comunidades afectadas por los problemas de suministro eléctrico.
Palma ha señalado que su administración se compromete a escuchar y respetar los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, además de involucrarlos en las decisiones clave.
